Los trabajadores de Laboratorios Pérez Giménez, empresa farmacéutica radicada en Almodóvar del Río (Córdoba) y en situación de concurso de acreedores, se han concentrado este viernes ante la Delegación del Gobierno andaluz en Córdoba para hacer visible, en su tercer y último día de huelga convocada por el sindicato CTA, su rechazo al expediente de regulación de empleo (ERE) extintivo anunciado por los administradores concursales y que afectaría al 55 por ciento de la plantilla.

En declaraciones a Europa Press, el responsable provincial de CTA, Francisco Moro, ha destacado durante la concentración que en el primer día de huelga se llevó a cabo ante el Ayuntamiento de Córdoba y en el segundo ante el Juzgado de lo Mercantil.

La huelga en sí ha tenido un seguimiento mayoritario durante los tres días, lo cual se debe, según considera, a que "los trabajadores están hartos, porque llevan diez meses sin cobrar y encima los que sean incluidos en el ERE no cobrarán lo que se les debe porque lo máximo que obtendrán, a través del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), son 120 días, es decir, como máximo dos veces el salario mínimo interprofesional, lo que significa que, de los diez meses que les deben, van a cobrar solo cuatro".

Es más, dado que la empresa no está pagando las cuotas a la Seguridad Social que le corresponden directamente, ni las de los empleados, "también es posible que los trabajadores" del laboratorio que vayan al paro con el ERE "tampoco puedan cobrar la prestación por desempleo", según ha señalado Moro.

De hecho, según ha explicado ya, por su parte, el delegado sindical de CTA en la farmacéutica, Antonio Moreno, trabajar ya les cuesta dinero, dado que la mayoría de los empleados viven en la capital y han de desplazarse a diario en coche a la planta del término municipal de Almodóvar. Ahora, además, los administradores concursales, que en la actualidad son también administradores sociales de la compañía por orden judicial, tienen intención, según han comunicado de modo informal al comité de empresa, de presentar en fechas próximas el citado ERE.

El mismo afectaría, como mínimo, al 55% de la plantilla, es decir, a unos 100 trabajadores, y también implicaría bajar los salarios entre un diez y un 23,5 por ciento a los empleados que siguieran en la empresa. También se plantean los administradores descolgarse del convenio colectivo del sector a nivel estatal.

Para los trabajadores esta medida no tiene sentido en las actuales fechas, pues, según ha explicado Moreno, "hemos entrado ya en el concurso en la fase de convenio, lo que significa que hay un plazo de un mes, desde que se instó por el juez, que fue el pasado 16 de enero, con lo cual la fase de convenio debe terminar para el 16 de febrero, fecha para la que ya deberíamos saber si existen propuestas de convenio, por parte de los accionistas o de los acreedores, para darle viabilidad a la empresa".

En consecuencia, para el sindicalista, resulta "ilógico que se plantee un ERE cuando quedan pocos días para saber si alguien está realmente interesado en el laboratorio o no, de si va a entrar un inversor o no", siendo ésta la cuestión fundamental, pues los empleados están convencidos de la viabilidad de la empresa si se invierte en la misma, algo que, según han criticado, no hizo el anterior administrador único, ni tampoco los anteriores dueños de Tecris.

Es decir, los trabajadores, según CTA, han venido y siguen "sufriendo las consecuencias de una pésima gestión por parte de todos los gestores, que no han defendido la producción, ni el empleo, y que no han respetado a los trabajadores. Desgraciadamente se está perdiendo el tiempo en todos los sentidos, puesto que el anterior administrador único, ya destituido por el juzgado, ha tenido paralizadas las posibilidades de venta de los laboratorios durante más de un año y sin capitalizar sus acciones".

En la actualidad, según el sindicato, "se le deben a los trabajadores más de tres millones de euros. Posiblemente son el principal acreedor de los laboratorios y nadie los escucha ni les hace caso. La aplicación de la Ley llegará, pero probablemente muy tarde para resolver la sangría de empleo y el drama laboral y humano de estos trabajadores".

Además, "resulta evidente que los administradores concursales están trabajando para dejar desalojados los laboratorios de trabajadores, con objeto de que el que entre no se encuentre que tenga que hacer ese ejercicio. Ejercicio que entendemos no hay que hacer, si es que el objeto de los nuevos compradores es producir, porque si su objeto es especular, evidentemente los trabajadores que son necesarios para producir les sobran".

Empresas interesadas

CTA tiene conocimiento de la existencia de grupos de empresarios interesados en comprar las acciones de Laboratorios Pérez Giménez, "y con planes de viabilidad y comercialización". Por eso, el sindicato pide al Juzgado de lo Mercantil que lleva el concurso de acreedores de la farmacéutica "que adecue el concurso a que se dé la oportunidad de que alguno de estos grupos compre la factoría, y que lo haga sin permitir el ERE salvaje que tienen proyectado los administradores concursales".

Además, resulta que el ERE "se va a gestionar por un despacho de abogados de Sevilla, que irá contra el crédito a la mesa concursal, es decir, que a pesar de que los concursales evidentemente cobran por su gestión, y cobran bien, el expediente se lleva desde otra gestoría, lo que significa un recargo sobre los números de los laboratorios".

La liquidación de Laboratorios Pérez Giménez, según CTA, "significará un bloqueo aún mayor de las oportunidades de empleo, fundamentalmente para el pueblo de Almodóvar del Río, puesto que esta factoría tiene posibilidades de producir, vender y además albergar 800 puestos de trabajo, lo que significaría para este pueblo una estabilidad económica importante para el conjunto de las familias".