Miles de personas, unas 3.000 según los sindicatos convocantes, se han concentrado este jueves de manera simultánea en todas las capitales de provincia, en defensa de los servicios públicos, según la Plataforma Sindical de Andalucía, organismo que aglutina a sindicatos de empleados públicos de la Administración General, enseñanza, justicia o educación.

En dicha plataforma se hallan Acaip, ANPE, CCOO, CGT, CSIF, FATE, Gestha, Piensa, Satse, SAE, SIAT, STAJ, UGT, Ucesha, USO o Ustea, y entra dentro de las acciones convocadas para reivindicar el mantenimiento de los servicios públicos, de forma que en la movilización de este jueves se ha registrado "unidad de todos los sindicatos", bajo pancartas que rezaban 'En defensa de los servicios públicos. El servicio público es de todos, defiéndelo'.

Según han indicado a Europa Press fuentes de CSIF-A la ciudad de Málaga ha aglutinado cerca de 700 manifestantes, seguida de Sevilla, con 450 manifestantes, y Almería, también con unos 450 participantes.

Las capitales de Cádiz, Huelva y Jaén fueron las que menos manifestantes aglutinaron, con unas 300 personas en cada ciudad.

En Almería, Cádiz, Huelva y Jaén, las concentraciones serán frente a las sedes de las subdelegaciones del Gobierno; en Granada, frente a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía; mientras que en Córdoba, Málaga y Sevilla será en avenidas céntricas de las tres ciudades, esto es, bulevar del Gran Capitán (Córdoba); calle Larios (Málaga); y avenida de la Constitución, esquina Adolfo Rodríguez Jurado (Sevilla).

Por su parte, ANPE ha indicado en una nota que las concentraciones tienen como objetivo "defender el mantenimiento de unos servicios públicos y de calidad ante los injustos recortes que tanto el Gobierno central como los autonómicos están llevando a cabo desde que estallara la crisis económica, social y política que padecemos".

ANPE apunta que en los últimos cuatro años, "los servicios públicos han sufrido una espiral creciente de recortes que ha llegado a alcanzar niveles alarmantes a lo largo de 2012, lo que indefectiblemente está afectando de forma muy seria a la calidad de vida y a los derechos básicos de la ciudadanía".

Considera que esta situación "nos está haciendo retroceder a las condiciones sociales de épocas que nadie pensó que podrían volver a ser una realidad".

La Plataforma ha dejado claro que los servicios públicos "no han sido la causa de la llamada crisis de la deuda, pues esta es fundamentalmente privada y no pública, pese a la tergiversación intencionada que viene haciéndose al respecto". Agrega que los empleados públicos "no han sido culpables del derroche realizado por muchas administraciones, esto es, descontrol en los gastos, aumento desorbitado del personal de confianza o irresponsabilidad de determinados políticos".

Deja claro esta plataforma que "no son responsables de la complicidad de los grandes partidos políticos que han tenido responsabilidades de gobierno con la creación y el desmesurado crecimiento de una burbuja inmobiliaria que ha engrosado los beneficios de bancos, promotoras e inmobiliarias, sabiendo de antemano las consecuencias que ello acarrearía".

Asimismo, asegura que los empleados públicos "han perdido más de un 38 por ciento de poder adquisitivo en los tres últimos años como consecuencia de diversas reducciones salariales y de la supresión de la paga de diciembre de 2012". Asimismo, la plataforma lamenta que en Andalucía "sufrirán un nuevo recorte, que alcanzará el cinco por ciento de media, debido a la eliminación o disminución de complementos y a la supresión de las ayudas de acción social".

Considera que "el despido de miles de empleados públicos, la congelación de las ofertas de empleo público, la imposición de una tasa de reposición no superior al 10 por ciento y la no contratación de personal temporal ponen en grave riesgo las condiciones laborales y la calidad de los servicios públicos".

Por todo ello, se hace "imprescindible" la movilización ciudadana para "evitar la pérdida de derechos básicos que han sido conquistados tras décadas de lucha y esfuerzo. Principios como la cohesión social, la equidad, la justicia y la solidaridad están siendo puestos gravemente en cuestión por quienes pretenden pagar deudas privadas de una minoría con cargo a las condiciones de vida de la inmensa mayoría".