La nueva Ley de galleguidad, que ha recibido este jueves el visto bueno del Consello de la Xunta, aspira a fomentar "los procesos de cooperación, unión y fusión" de centros gallegos de la emigración en Europa y América, al considerar que éste es el camino para "garantizar su supervivencia". No en vano, el presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, ha dado por hecho que "no hay otras solución".

Tras presidir la reunión semanal de su Gobierno, ha asegurado que existen "muchas conversaciones" encaminadas a la unión, aunque no ha concretado cuáles, y ha esgrimido que, a partir de la aprobación de la ley, "los convenios, ayudas y programas" de la emigración irán "especialmente dedicados" a los centros que emprendan "estrategias conjuntas".

Para el Ejecutivo autonómico, los centros en la diáspora deben "unirse" para poder seguir garantizando sus prestaciones, "sobre todo las socioasistenciales y sanitarias", que son "las más relevantes" para los gallegos de la diáspora y también para las entidades gallegas en el exterior.

En este sentido, el fomento de la unión entre entidades, que recoge el texto, persigue "la mejora de los servicios" que prestan las entidades y la "eficiencia" en la inversión de los recursos.

Asimismo, la norma apuesta por reorientar las entidades "de mayor envergadura" y darles un enfoque más económico para que puedan de servir de plataforma comercial a las empresas de la comunidad. A modo de ejemplo, Feijóo ha aludido a algunos centros de Buenos Aires, a la Hermandad Gallega de Caracas, el Centro Gallego de México y otras entidades ubicadas en Brasil.

Preservar el patrimonio

Al tiempo, el presidente ha manifestado su satisfacción al actualizar, "después de 30 años", esta normativa que nace, según ha detallado, con el objetivo no sólo de que los residentes en la diáspora se sientan "parte fundamental de la Galicia del pasado", sino también con el reto de preparar "el rol" de los emigrantes "en la Galicia del futuro".

Para ello, se regula la participación de las nuevas entidades que han ido surgiendo a lo largo de los años y se aspira a reconocer la participación de la juventud, recuperar "el papel de la mujer" en los centros gallegos e introducir las nuevas tecnologías.

Otro de los aspectos que el Gobierno gallego considera "clave" en la nueva ley es la "preservación" del patrimonio material e inmaterial de las entidades gallegas.