El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, han descubierto la placa e inaugurado oficialmente la glorieta 'Víctimas del terrorismo' de la capital hispalense, ubicada en la avenida de la Paz con la avenida de las Mercedes, cuando se cumplen 15 años del asesinato del que fuera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, Alberto Jiménez-Becerril, y su esposa, Ascensión García Ortiz, a manos de la banda terrorista ETA.

Una vez finalizada la inauguración, Gallardón ha asegurado estar "con mucha emoción y con muchos recuerdos", poniendo en valor las palabras que le ha trasladado la hermana de Jiménez Becerril y europarlamentaria 'popular', Teresa Jiménez Becerril, resaltando que este acto supone "un homenaje a todas las víctimas del terrorismo".

En el acto, que se llevaba a cabo tras la ofrenda floral realizada a media mañana en el hispalense cementerio de San Fernando, también ha estado presente el hermano de Jiménez-Becerril; la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo; la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril; así como numerosos concejales del equipo de gobierno y de la oposición.

Tras la inauguración, los familiares y autoridades se han dirigido a la Catedral de Sevilla, donde a las 17,00 horas se ha llevado a cabo una misa funeral, mientras que a las 17,45 horas se ha desarrollado un responso y una ofrenda floral en la calle Don Remondo, en el lugar en el que fueron asesinados el día 30 de enero de 1998. En esta última ubicación, Zoido ha rendido así homenaje a Alberto y Ascen, "15 años después de la barbarie", para que "las nuevas generaciones no se olviden de lo que ocurrió, que se mantenga vivo su recuerdo y la sinrazón de sus muertes".

"Ninguno nos acostumbramos a su ausencia, pese al paso de los años, y aún nos cuesta creer que haya justificación alguna para acabar con un joven matrimonio, padres de tres hijos, que dedicaron sus vidas al servicio público", añade, indicando que no se les puede "devolver a ambos la vida ni reparar el daño" que sus asesinatos causaron a su familia, pero "sí debemos y podemos mantener viva su memoria y luchar para que nunca más se repitan tales atrocidades". Así, recalca que siguen presentes entre los que tuvieron la "suerte de conocerlos, pero también entre todos los que condenaron su pérdida".

"no han logrado callar nuestras voces"

Zoido ha afirmado que la mejor prueba de que el terrorismo "no ha logrado nunca callar nuestras voces es que hoy, 15 años después, seguimos aquí". "Todos estos años no han pasado en balde, la lucha de personas ejemplares como Alberto y Ascen, abanderados de la democracia y la libertad, ha permitido el fin de la violencia de ETA", asegura, recalcando que "hace unos años que la sociedad española es un poco más libre, pero tenemos que seguir trabajando juntos, aunando esfuerzos, por un futuro en que el terrorismo solo esté presente en la memoria colectiva de los españoles y en cada homenaje a quienes, como Alberto y Ascen, se quedaron en el camino".

En este marco, cabe recordar que Jiménez-Beceril y su esposa, ambos de 37 años, fueron asesinados en la madrugada del día 30 de enero de 1998 en la calle Don Remondo del céntrico barrio de Santa Cruz, en la esquina con la calle Cardenal Sanz y Flores, cuando regresaban a su domicilio tras haber cenado fuera, al recibir sendos disparos en la cabeza por parte de varios etarras.

Alberto Jiménez-Becerril había aparecido hacía dos años en una lista intervenida a ETA por la Policía, aunque no había recibido ningún tipo de amenazas. El matrimonio iba a cumplir su décimo aniversario de bodas y contaban con tres hijos, de edades entonces comprendidas entre los cuatro y los nueve años.

Por este asesinato, fueron procesados los miembros del Comando Andalucía de ETA, Mikel Azurmendi, José Luis Barrios Martín y Maite Pedrosa. Así, Azurmendi y Barrios fueron condenados a 60 años como autores materiales de los disparos que acabaron con la vida del concejal y su mujer, mientras que Pedrosa fue condenada a diez años de prisión por un delito de conspiración para cometer homicidio terrorista, al no haber participado directamente en la acción terrorista. El Tribunal Supremo elevó después la pena a 12 años.