El concejal delegado de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla, Maximiliano Vílchez (PP), ha anunciado este miércoles que el Gobierno local elevará en las próximas horas un escrito al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) reclamando que, al menos de manera cautelar, sean ampliados los servicios mínimos decretados por la Administración andaluza sobre la huelga indefinida que pesa convocada en la sociedad municipal Limpieza Pública y Protección Ambiental (Lipasam). Además, Vilchéz ha avisado, severamente, de que el Ayuntamiento no negociará si "el vandalismo, los sabotajes, el chantaje y las coacciones" siguen acompañando al paro técnico.

El paro técnico comenzó la noche del pasado domingo y, según el comité de empresa, se traduciría ya en más de un millón de kilogramos de basura y residuos que esperan su recogida en las calles de Sevilla. Los servicios mínimos decretados para esta huelga por la delegación provincial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo contemplan para la recogida de residuos sólidos urbanos (RSU) un 30 por ciento de los efectivos durante las dos primeras semanas y un 40 por ciento a partir de la tercera, mientras para la limpieza viaria queda estipulado un 30 por ciento del personal durante las dos primeras semanas y un 35 por ciento a partir de la tercera.

Un mecánico por cada turno

El documento oficial de los servicios mínimos, firmado por la delegada del ramo, Aurora Cosano, y recogido por Europa Press, expone también que para los servicios comunes, deben trabajar para cada uno de los dos turnos un mecánico, un encargado y un capataz. Los centros sanitarios, mercados de abastos, colegios y mataderos contarán con un cien por ciento de servicios.

Pues bien, Maximiliano Vílchez ha comparecido este miércoles ante los medios de comunicación para anunciar que el Ayuntamiento elevará en las próximas horas un escrito al TSJA para reclamar que el Alto tribunal andaluz ordene, de manera cautelar, una ampliación de estos servicios mínimos. En concreto, y según ha explicado el concejal popular, el Ayuntamiento esgrimirá que los dos mecánicos asociados a cada jornada de trabajo, uno por cada turno, suponen sólo "un tres por ciento del conjunto de mecánicos" de Lipasam, extremo que dista mucho "de un verdadero 30 por ciento", en referencia a los términos generales de los servicios mínimos. "Son dos mecánicos para 470 vehículos. Nos han asignado el mismo número de mecánicos que en la huelga de la basura de Granada, pero en Granada la flota es de 190 mecánicos", ha defendido en cuanto al "agravio" que el Consistorio hispalense detecta en estos servicios mínimos por lo que se refiere al área de talleres.

Vílchez, en ese sentido, ha recordado que este mismo extremo fue elevado el martes a la Administración andaluza y ha explicado que el Ayuntamiento recurre al TSJA porque "no hemos recibido respuesta" por parte de la Junta de Andalucía".

"actos vandálicos,

Chantaje y coacciones"

Además, el concejal de Urbanismo y Medio Ambiente ha puesto de manifiesto que el Ayuntamiento no accederá a negociar con los representantes de la plantilla mientras la huelga siga salpicada de "actos vandálicos como la quema de contenedores y el sabotaje de camiones, chantaje y coacciones". "No podemos sentarnos a negociar en tales condiciones", ha enfatizado Vílchez, quien ha recordado que incluso un grupo de trabajadores de Lipasam se dedicó a "esparcir basura" por las calles del centro este mismo martes.

"Pedimos que los trabajadores recapaciten. Si vemos un compromiso de la plantilla y sus representantes sobre el cese de estas actuaciones, nos sentaremos a hablar inmediatamente", ha dicho Vílchez antes de detallar que los daños ocasionados en el patrimonio público y supuestamente conectados con el paro técnico suman aproximadamente "7.000 euros".

Las fórmulas de los recortes

El motivo del nuevo paro, según el comité de empresa de Lipasam, no es otro que la fórmula elegida por la dirección para aplicar la reducción salarial del cinco por ciento acordada para esta sociedad municipal, así como el modelo de aplicación de la ampliación de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, aspectos ambos de obligatorio cumplimiento y contenidos en el acuerdo firmado en abril de 2012 entre las partes para desconvocar la huelga promovida entonces en el marco de la negociación del nuevo convenio colectivo.

El comité de empresa defiende que el plan de ajuste promovido por el Ayuntamiento de Sevilla para atenerse al mecanismo estatal de pago a proveedores contemplaba ya una rebaja salarial del cinco por ciento en esta sociedad municipal. Pero en 2012, esta medida fue aplicada reduciendo un cinco por ciento el capital global destinado al capítulo de personal en las cuentas de Lipasam, con lo que el recorte en cuestión fue diluido en diferentes aspectos del capítulo de personal, pero no tuvo incidencia directa sobre las nóminas de los trabajadores. Sin embargo, la dirección de Lipasam pretende aplicar en 2013 "una reducción salarial pura y dura" en los emolumentos que mensualmente reciben los empleados por su trabajo, según los sindicatos.

La jornada laboral

Además, los representantes de la plantilla se oponen a la fórmula diseñada por la dirección de Lipasam para aplicar el real decreto Ley 20/2011 de medidas presupuestarias, tributarias y financieras para la corrección del déficit público, que entre otros aspectos y recortes amplía a 37,5 horas semanales la jornada laboral del sector público.

Según el comité de empresa, Lipasam aplica desde el pasado mes de septiembre esta ampliación de la jornada laboral, pero ahora, la dirección de esta sociedad municipal "pretende que trabajemos 35 horas semanales y que las horas restantes hasta las 37,5 sean trabajadas en días marcados como descansos en Semana Santa, la Feria de Abril o la Navidad", extremo que tendría una repercusión directa sobre las contrataciones eventuales que Lipasam promueve en estas fechas para que sus servicios se atengan al incremento de la demanda y los descansos de la plantilla. Según Bazo, esta fórmula afectaría a "más de 400 contrataciones" eventuales que tradicionalmente realiza Lipasam en tales periodos para reforzar su plantilla a través de su bolsa de empleo.

El ayuntamiento no cede al "chantaje"

El Gobierno municipal del PP, de su lado, esgrime el acuerdo firmado el pasado mes de abril entre ambas partes, dado que este acuerdo contempla, en efecto, la reducción salarial y la ampliación de la jornada laboral. El Equipo de Gobierno avisa de que es necesario acometer estos "ajustes" en Lipasam para garantizar su viabilidad y estabilidad y recuerda que las medidas no afectan a la continuidad de los puestos de empleo. "No quieren que se les apliquen las medidas que se han aplicado al resto de trabajadores municipales. Quieren estar al margen de estas normas", ha dicho este mismo miércoles Vílchez en cuanto a la raíz del conflicto.

Igualmente, el equipo de Gobierno considera que convocar una huelga indefinida como la que media en este conflicto constituye una "irresponsabilidad" y atisba matices "políticos" en el paro técnico. Por eso, la posición del Gobierno municipal es que la institución no debe ceder ante "chantajes" como los que significan esta convocatoria de huelga indefinida.