El pleno de Carmona aprueba que la Policía Local no colabore en desahucios

El Ayuntamiento de Carmona (Sevilla), gobernado en minoría por Juan Ávila (PP), ha aprobado en su última sesión plenaria que los agentes de la Policía Local no participen en ejecuciones de desahucios y el "compromiso" de retirar además los fondos municipales depositados en las entidades bancarias que consumen desahucios en el municipio. La moción fue elevada a debate por los concejales de IU-CA y contó con numerosas aportaciones por parte del resto de fuerzas políticas, según han informado a Europa Press fuentes municipales.

El Ayuntamiento de Carmona (Sevilla), gobernado en minoría por Juan Ávila (PP), ha aprobado en su última sesión plenaria que los agentes de la Policía Local no participen en ejecuciones de desahucios y el "compromiso" de retirar además los fondos municipales depositados en las entidades bancarias que consumen desahucios en el municipio. La moción fue elevada a debate por los concejales de IU-CA y contó con numerosas aportaciones por parte del resto de fuerzas políticas, según han informado a Europa Press fuentes municipales.

"El Ayuntamiento se compromete a que la Policía Local no participará en ninguna ejecución de desahucio que se produzca en Carmona y se compromete también a retirar las cuentas de las entidades bancarias que ejecuten un desahucio en nuestro municipio a partir de este acuerdo", señala la asamblea local de IU-CA en un comunicado acerca de las medidas que "directamente" serán aplicadas en la esfera municipal para combatir el drama de los desahucios.

El acuerdo plenario, además, implica la creación de una comisión mixta entre el Ayuntamiento y las organizaciones vecinales y sociales para "buscar alternativas" en la lucha contra los desahucios.

La propuesta de IU-CA, transformada en una moción institucional gracias al debate político y las aportaciones del resto de fuerzas, contempla una petición al Estado para modificar la Ley Hipotecaria e incluir el concepto de la dación en pago, así como "las medidas necesarias para paralizar los desahucios de las familias en situación de insolvencia sobrevenida e involuntaria".

Para los desahucios ya producidos, según IU-CA, el acuerdo plenario propone que los pisos deshabitados "acumulados" por los bancos a cuenta de los embargos "sean puestos inmediatamente a disposición de las familias desahuciadas y sin recursos, en régimen de alquiler social".

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