Mal comienzo para el acuerdo presentado por PP y PSOE en el Congreso para revisar los procesos de arbitraje del escándalo de las preferentes en tres de las entidades financieras nacionalizadas (Bankia, Novagalicia Banco y Catalunya Banc). Tras el anuncio de la creación de una comisión de seguimiento, distintos colectivos de consumidores y afectados han mostrado sus dudas acerca de la independencia y la credibilidad de dicho organismo.

Pese a que las medidas de arbitraje llevan meses aplicándose en dos de las entidades intervenidas (NGC y Catalunya Banc), los dos grandes partidos han acordado una fórmula para supervisar tanto estos procesos como el que está por comenzar en Bankia. El escándalo de las preferentes en las entidades rescatadas ha afectado a unas 300.000 personas, según los cálculos de la Asociación de Usuarios de Banca Adicae.

Tanto PP como PSOE han vendido este acuerdo como la fórmula definitiva para acabar con los problemas provocados por la venta masiva de productos tóxicos como las preferentes entre pequeños ahorradores. Sin embargo, este objetivo está muy lejos de lograrse por medio de los arbitrajes, tal como denuncia Manuel Pardos, presidente de Adicae, quien calcula que "apenas entre un 10% y un 20% de los afectados logran acogerse a estos arbitrajes debido a sus condiciones tan estrictas", denuncia.

Y es que un auditor a sueldo de la propia entidad financiera (PwC en el caso de Novagalicia y un funcionario en el caso de Catalunya Banc) es el que determina qué clientes pueden acogerse al proceso de arbitraje. "Sólo están admitiendo los casos dramáticos (usuarios analfabetos, enfermos terminales...) y rechazan la mayoría de casos", asegura Pardos. En esta realidad, la comisión recién anunciada no podrá intervenir ya que su labor será "de seguimiento".

La Asociación de Usuarios de Banca ya envió el 23 de enero una carta al propio ministro de Economía, Luis de Guindos, reclamándole medidas de apertura en estos procesos de arbitraje y mostrando su "elevado grado de desconfianza" por el liderazgo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y del Banco de España al frente de la comisión de seguimiento. "Ambos organismos no impidieron la comercialización masiva que ha dado lugar a la situación actual", argumentan.

Y es que, tal como refleja el acuerdo firmado por PP y PSOE, la mencionada comisión estaría dirigida por la presidenta de la CNMV, Elvira Rodríguez, y por un representante del Banco de España. Además, formarían parte de la misma representantes de Sanidad y Consumo, del Tesoro, de las consejerías autonómicas con competencia en consumo y el Consejo de Consumidores y Usuarios. Falta por conocer la dinámica y organización de este comité y la capacidad real que tendrán sus miembros.

A falta de más detalles, la asociación de consumidores Facua ha rechazado públicamente el acuerdo ya que "ve inaceptable cualquier solución que no pase por la completa devolución del dinero invertido para aquellos pequeños ahorradores y usuarios que fueron engañados por sus entidades bancarias", explican, al tiempo que reclaman que la medida de arbitraje se extienda a todas las entidades que comercializaron estos productos financieros complejos.

La solución del arbitraje, pese a los obstáculos impuestos por Bruselas (que impuso pérdidas de 4.700 millones a los dueños de preferentes y deuda subordinada) se puso en marcha a finales de 2012 para buscar una alternativa menos costosa que los numerosos macrojuicios impulsados por las distintas asociaciones de usuarios y afectados. Solo Adicae, por ejemplo, ha emprendido 24 procesos contra 18 entidades financieras por comercializar entre pequeños ahorradores productos financieros de riesgo.

El arbitraje, así, trata de buscar un punto medio (y extrajudicial) entre la devolución íntegra del capital invertido para aquellos usuarios que se demuestre que fueron engañados y la imposición de la Comisión Europea de provocar pérdidas entre los inversores en preferentes de las entidades nacionalizadas. Así, para poder acudir a estos procesos han de concurrir criterios objetivos (documentos irregulares, no firmados, firma de un menor...) y otros, como la edad de los afectados, su origen y su conducta histórica como cliente. Aquellos a los que se reconozca que fueron víctimas de una mala comercialización se les devolverá la cantidad invertida.

El sistema, si bien es voluntario y no invalida otras opciones, deja en manos de un tercero la decisión de devolver o no la inversión a cada cliente de preferentes y deuda subordinada. Si el laudo es favorable al cliente, este recibirá el 100% de lo invertido; en caso contrario, el ahorrador deberá admitir la "quita" impuesta por Bruselas (del 39%) y no podrá recurrir en ningún caso este resultado.