El Grupo Municipal de Izquierda Unida en Valladolid presentará en el Pleno del próximo martes, 5 de febrero, una moción en la que plantearán una serie de medidas con las que se evitarían los "mecanismos de corrupción" que, a su juicio, existen en el Consistorio vallisoletano.

Los concejales del Grupo han explicado este martes esta iniciativa con la que persiguen una "alianza" entre los poderes públicos y los ciudadanos para buscar una salida a la crisis basada en "poner la participación en el centro de la vida social para buscar alternativas justas y solidarias".

Sin embargo, consideran que para ello creen necesario "en primer lugar, dignificar la actividad política y para ello, antes que nada, hacer frente a la corrupción", pues como han apuntado, en estos días "parece necesario hablar de ello" después de las noticias recientes relativas a los "sobresueldos del PP".

Así, IU se propone desactivar, en primer lugar, "los mecanismos de la asignación sospechosa de aprovechamientos urbanísticos" con algunas acciones como limitar "drásticamente" la sobreclasificación de suelo urbanizable, evitar el "acaparamiento" de parcelas "en unas pocas manos privadas", y limitar la, en su opinión, excesiva modificación de los planes urbanísticos.

Los ediles han incidido en que las actuaciones urbanísticas no deben basarse en argumentos "contratos de resultados de carácter intelectual", sino en argumentos "explícitos y transparentes de carácter técnico y no político".

En cuanto a los procesos judiciales, han insistido en que se asuman responsabilidades, como, por ejemplo, la imputación del concejal del PP Jesús García Galván en el 'caso Arroyo'; y que se deje atrás la "sensación de impunidad" que en su opinión implica la ausencia de rendición de cuentas en el cumplimiento del programa electoral.

En segundo lugar, se refieren a los mecanismos de posibles "tratos de favor" en las contrataciones o las concesiones pues aseguran que sospechan que en Valladolid se haya dado el caso en asuntos como la urbanización de la calle Atenas o el aparcamiento de la plaza de Juan de Austria. Así, pedirán que en cada modificación urbanística o proceso de contratación se incluya una declaración explícita de conflicto de intereses así como que se acoten "extraordinariamente" los criterios no evaluables.

También plantean impedir las posibles ventajas en las externalizaciones de servicios mediante el establecimiento de una revisión de la situación de los servicios en los últimos cinco años. Además, piden establecer que se eviten estas externalizaciones y el control del funcionamiento de las que existan.

Por otro lado pretenden "desactivar la predisposición favorable a los nombramientos de confianza", y como ejemplo han citado el nombramiento del interventor general del Ayuntamiento "sin aplicación de los criterios objetivos establecidos en el concurso".

Piden también un establecimiento de un sistema de incompatibilidades de los altos cargos del Gobierno municipal así como de los responsables de contratación y la eliminación de los cargos de asesores personales que no tienen obligación de rendir cuentas de su trabajo.