El Parlamento vuelve a debatir sobre desahucios, ejecuciones e hipotecas, prueba de que  tal vez las medidas aprobadas por el Gobierno no han tenido un gran efecto. El Pleno del Congreso debate este miércoles las enmiendas de totalidad presentadas contra el proyecto de ley Antidesahucios por PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y BNG.

Se conocerán también sus propuestas alternativas de normativa, que pasan por suavizar los requisitos para acogerse a la moratoria de las ejecuciones y congelar los intereses de demora, así como abordar cambios más profundos de la actual legislación hipotecaria.

No es nada probable que las enmiendas de totalidad salgan adelante, dada la mayoría absoluta del PP. El debate sí servirá para que las formaciones políticas expongan su punto de partida en las negociaciones, que la oposición pretende aprovechar para renovar en profundidad normativas como la Hipotecaria o la Concursal, o promover la creación de la figura jurídica de la 'dación en pago'.

Cuando el proyecto de ley pase a la Comisión de Economía habrá comparecencias de expertos, previstas para los días 5 y 6 de febrero.

Así, los socialistas reclaman una paralización de todas las ejecuciones hipotecarias –independientemente del punto en que se encuentren– durante tres años y sin acumulación de intereses de demora, para todas las familias en situación de sobreendeudamiento sobrevenido y no doloso que tengan una renta familiar inferior a tres veces el IPREM y cuya hipoteca sobre la vivienda habitual supere el 50% de sus ingresos netos.

El PSOE considera que los requisitos impuestos en el decreto del Ejecutivo son demasiado restrictivos y únicamente retrasan o incluso agravan el problema de estas familias, ya que se paraliza el lanzamiento cuando ya se ha perdido la vivienda y además se continúan acumulando los intereses de demora.

Su texto alternativo incluye también la exigencia de que el Código de Buenas Prácticas sea permanente y obligatorio para todos los bancos y cajas, y no sólo las participadas por el FROB, con el objetivo de que las personas que hayan perdido su vivienda puedan renegociar y reestructurar sus deudas.

Con respecto al fondo social de viviendas, los socialistas reclaman que se destinen al mismo todas las viviendas controladas por el FROB, las que se transfieran al 'banco malo' y las gestionadas por las administraciones públicas.

Por su parte, la Izquierda Plural también se refiere a los desahucios y reclama una moratoria "universal e indefinida" de las ejecuciones –independientemente de la fase en que se encuentren– a petición del deudor con insolvencia sobrevenida o de las administraciones públicas competentes en materia de servicios sociales, siempre que se trate de la vivienda habitual y no se disponga de otra donde residir, sin otros requisitos económicos o familiares adicionales.

En la misma línea, proponen ampliar la moratoria de los desahucios de vivienda urbana en régimen de alquiler en situaciones similares y que se aceleren los términos de realojamiento, además de sugerir la creación de un fondo de pago de rentas para que los arrendadores no se vean perjudicados.

Finalmente, la propuesta presentada por el Bloque Nacionalista Galego (BNG) reclama cambios legales profundos ante una normativa procesal, hipotecaria y civil que "impide que los juzgados adopten medidas intermedias que ponderen el derecho de la entidad financiera acreedora a que les sea resarcida la deuda contraída con el derecho al acceso a una vivienda digna de personas cuyo incumplimiento de la obligación de pago viene motivada por causas ajenas a su voluntad".