El Tribunal Constitucional suspende la aplicación del euro por receta en Madrid

El Tribunal Constitucional (TC) decidió este martes suspender cautelarmente la aplicación del euro por receta vigente en la Comunidad de Madrid. La suspensión ha sido adoptada por el tribunal al admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad por invasión de competencias presentado contra esta medida por el Gobierno de Mariano Rajoy. Asimismo, también admite el recurso presentado por cincuenta senadores del Partido Socialista.

Según la providencia emitida por el TC, el euro por receta queda invalidado desde el pasado 18 de enero para las partes, día en el que el Gobierno interpuso el recurso. De esta forma, la Comunidad de Madrid debería devolver la tasa a todos aquellos que la pagaron desde ese día. Además, no sería legal que la Comunidad reclamase la tasa y los intereses de la demora a quienes utilizaron los formularios habilitados para declararse insumisos a partir de entonces.

Al conocer la decisión, el director general de Gestión Económica y de Compras de Productos Sanitarios y Farmacéuticos de la Comunidad, Jesús Vidart, se puso en contacto con el Colegio Oficial de Farmaceúticos y con la Asociación de Empresarios de Farmacia de Madrid (Adefarma) para que estas transmitan a los profesionales la orden de suspender el cobro de forma inmediata.

El Ejecutivo autonómico, con Ignacio González a la cabeza, ha asegurado que, pase lo que pase, no devolverá las cantidades cobradas a los madrileños por considerar que la medida era legal hasta el momento en el que el TC tomase una decisión. La Consejería de Sanidad no ha decidido aún  si reclamará tasa e intereses a los objetores que dejaron de pagar antes del 18 de enero o si reintegrará el euro a los que lo pagaron después.

La tasa entró en vigor el pasado 1 de enero. Un portavoz de la Consejería de Sanidad explicó a 20minutos.es que aún desconocen cuánto se ha recaudado por la medida hasta el día de hoy, ya que la liquidación se hace una vez finalizado el mes y tras cotejar los datos con el Colegio de Farmacéuticos. Cuando presentó la medida, el Ejecutivo calculó que obtendría unos 83 millones al año, lo que supondría 6,9 millones de euros al mes.

Tampoco se sabe el número de recetas expedidas, las que fueron gravadas con la tasa o la cantidad de pacientes que se han negado a pagar. Los datos, precisó Sanidad, se harán públicos en cuanto estén listos, circunstancia que podría darse en la primera semana de febrero.

El porcentaje de insumisos se situaría entre el 45% y el 50% de los pacientes, según Alexia Lario, presidenta Adefarma, que reúne a 1.000 de los casi 2.800 establecimientos farmaceúticos de la región. "La Consejería preveía un 6% de reclamaciones, como pasó en Cataluña, pero la primera semana nos quedamos sin formularios, que encima había que rellenar por triplicado (para el paciente, para la farmacia y para la Consejería) porque era un folio, no papel autocopiativo, así que tuvimos que hacer nosotros las fotocopias", explica Lario.

Según el presidente del Colegio de Farmacéuticos, Alberto García Romero, las 4.500 negativas a pagar que registró Cataluña en el primer mes fueron superadas en Madrid en una sola semana. El consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, aseguró que esas cifras eran falsas, pero no porporcionó las que consideraba correctas. Sí informó, en cambio, de que solo entre el 1 y el 10 de enero se habían emitido 1.379.000 recetas sometidas al gravamen que correspondían a 379.000 pacientes.

A partir de ahora, el Tribunal Constitucional tiene un plazo de entre cinco y seis meses para pronunciarse de forma definitiva. Según el Estado, el euro por receta invade competencias de la Administración del Estado en cuanto a la regulación de los precios de los medicamentos. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, defendió que "no se puede pagar dos veces por lo mismo", más aún cuando su Ejecutivo ha establecido importantes repagos para elementos como las prótesis, los alimentos con fines sanitarios o el transporte medicalizado, entre otros.

La Comunidad de Madrid, también gobernada por el PP, asegura actuar dentro del margen legal, pero desde el Colegio de Farmacéuticos y la Asociación de Empresarios ven la medida como algo totalmente improvisado y recaudatorio. "Ya que iban a aplicarla a pesar de que sabían que el Gobierno lo recurriría, pactamos que no lo harían hasta que estuviese lista la receta electrónica, pero se adelantaron", afirma Alexia Lario, de Adefarma.

El pasado 15 de enero, el Tribunal Constitucional también suspendió el euro por receta en Cataluña al admitir otro recurso similar del Ejecutivo.

La Confederación de Consumidores y Usuarios de Madrid (CECU) ha celebrado la decisión del TC por entender que la medida "perjudica a los sectores más débiles de la sociedad".  El Partido Socialista de Madrid, Izquierda Unida y UPyD han exigido al presidente Ignacio González que devuelva todo lo recaudado.