El Ayuntamiento apoya a los trabajadores del puerto en su exigencia de que se aplique el convenio

La Comisión de Pleno de Economía, Promoción Empresarial y Empleo ha aprobado este lunes una moción de Izquierda Unida (IU) de apoyo a los 180 trabajadores portuarios movilizados en defensa de la aplicación del convenio colectivo de Puertos del Estado.

La Comisión de Pleno de Economía, Promoción Empresarial y Empleo ha aprobado este lunes una moción de Izquierda Unida (IU) de apoyo a los 180 trabajadores portuarios movilizados en defensa de la aplicación del convenio colectivo de Puertos del Estado.

El portavoz municipal de Izquierda Unida, Eduardo Zorrilla, ha recordado que los trabajadores del puerto de Málaga han iniciado este mes un calendario de movilizaciones en defensa de su convenio colectivo.

El 14 de enero realizaron un encierro de 48 horas en la sede de la Autoridad Portuaria; el 13 de febrero harán paros parciales entre las 07.00 y las 09.00 horas y entre las 13.00 y las 15.00 horas; el 20 de ese mes habrá una concentración, y el 6 de marzo y el 3, el 4 y el 5 de abril, una huelga.

Según Zorrilla, "es evidente que el Ayuntamiento no puede quedarse impasible ante un Gobierno que incumple la norma más básica de diálogo social: el respeto a los acuerdos firmados con trabajadores", sobre todo, ha añadido, "teniendo en cuenta que las lógicas movilizaciones que este incumplimiento han provocado pueden afectar gravemente a una de las piezas clave de la economía de la ciudad: el puerto".

El motivo de estas movilizaciones es que la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones (Cecir), órgano dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que es el encargado de aprobar las relaciones laborales, no ratifica el convenio firmado el pasado 25 de junio entre los sindicatos mayoritarios —CCOO y UGT— y el organismo público Puertos del Estado, ha indicado Zorrilla.

En este punto, ha destacado "el gran esfuerzo" de los empleados portuarios por llegar a un acuerdo, que se ha materializado en firmar un convenio en el que se contemplan una serie de reducciones salariales, como por ejemplo un descuento del cinco por ciento en la nómina, y recortes laborales como la pérdida de días de asuntos propios, asumiendo, además, la imposición legal de establecer que la tasa de reposición de trabajadores sea cero, es decir, que no entren nuevas personas.

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