El TSJCV condena a Sanidad a pagar 220.140? a una mujer que tuvo un hijo con síndrome de Down

La sección quinta de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha condenado a la Conselleria de Sanidad a pagar 220.138,59 euros a una mujer que tuvo un hijo con síndrome de Down, según consta en una sentencia facilitada por el tribunal valenciano, en la que se establece esta condena porque la Administración no comunicó a tiempo a la compañía aseguradora esta penalización.

La sección quinta de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha condenado a la Conselleria de Sanidad a pagar 220.138,59 euros a una mujer que tuvo un hijo con síndrome de Down, según consta en una sentencia facilitada por el tribunal valenciano, en la que se establece esta condena porque la Administración no comunicó a tiempo a la compañía aseguradora esta penalización.

Así, el tribunal estima el recurso interpuesto por la compañía aseguradora contra la Resolución del conseller de fecha 14 de enero de 2010, desestimatoria del recurso de alzada formulado contra la resolución del Director General de Recursos Económicos de la Conselleria de la Generalitat de 7 de septiembre de 2009.

Según consta en la sentencia, la compañía resultó adjudicataria de una póliza de responsabilidad patrimonial de la Conselleria de Sanidad para el año 1996 y que fue objeto de sucesivas prórrogas hasta el 31 de diciembre de 1999. El objeto del contrato eran las consecuencias económicas derivadas de responsabilidad patrimonial de la conselleria.

El 19 de abril de 2000, una mujer presentó ante la conselleria una reclamación por responsabilidad derivada del nacimiento de un hijo suyo con síndrome de Down. Esta reclamación fue desestimada en 2002 y se inició un proceso ante la jurisdicción contencioso-administrativa contra la Generalitat que concluyó por sentencia condenatoria en diciembre de 2006.

En abril de 2007, se comunicó a la compañía requerimiento de pago del importe de la responsabilidad patrimonial fijada, y en junio, ésta comunicó a la Administración que no se iba a hacer cargo. En junio de 2009 se inició expediente de repercusión contra la demandante.

La compañía presentó luego un recurso contra la Generalitat, y el TSJCV le ha dado la razón. Según recuerda en la sentencia, dentro de las condiciones específicas de la póliza, asumidas por las partes, se establece para el asegurado la obligación de comunicación al asegurador de cualquier reclamación contra el asegurado por responsabilidad civil o patrimonial.

Esta obligación se ha incumplido —indica el tribunal— si se tiene en cuenta que la reclamación se lleva a cabo en abril de 2004 y que el asegurador tiene conocimiento de la misa en abril de 2007, "habiendo transcurrido el plazo de dos años indicado". De tal forma que el tribunal estima que queda prescrita la acción ejercitada y, en consecuencia, estima la demanda y anula las resoluciones administrativas impugnadas por no ser conformes a derecho.

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