El Ministerio de Justicia ha llamado a los sindicatos representativos del sector a participar en la Mesa de retribuciones y empleo que tendrá lugar este martes en la sede ministerial, según han informado a Europa Press fuentes del departamento que dirige Alberto Ruiz-Gallardón.

Las conversaciones afectarán a los funcionarios del territorio del Ministerio de Justicia —de aquellas comunidades sin las competencias transferidas—, como son Extremadura, Islas Baleares, Murcia, La Rioja, Castilla y León y Castilla-La Mancha.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato mayoritario en el sector de la Justicia, afirma que la reunión tiene lugar tras la "presión" de los sindicatos, que se materializó en el "éxito" de una manifestación que recorrió hace unos días las calles de Madrid y en la recogida de miles de firmas contra el "deterioro y la privatización" de la Justicia.

Por ello, acudirá a la cita con espíritu "constructivo" a la espera de que no se vean "defraudadas" las expectativas que los trabajadores han defendido con "firmeza" y "compromiso" a favor del derecho de acceso a la Justicia de todos los ciudadanos y de sus derechos laborales.

Devolución de la paga extra

CSI-F reclamará alternativas al anteproyecto de "privatización" del Registro Civil, la convocatoria urgente de Oferta de Empleo Público para 2013 con el objetivo de aliviar el "déficit" de personal y la carga de trabajo que soportan los tribunales. Además, demandará la devolución de la paga extra. "El Defensor del Pueblo y una reciente sentencia avalan en parte esta reivindicación", expone.

El sindicato de funcionarios confía en que el Ministerio "deje de actuar por imposición" y atienda las reivindicaciones de los trabajadores "de una vez por todas".

"CSI-F considera que ha llegado el momento de afrontar un verdadero proceso de modernización de la Justicia para acabar con los retrasos y los inconvenientes que padecen los ciudadanos todos los días y que desgraciadamente salen a la luz cuando suceden desgracias y sucesos mediáticos como el 'caso Mariluz' o el 'caso Madrid Arena'", expone en un comunicado.

Para CSI-F, el proceso de modernización de la Justicia camina "necesariamente" unido a las condiciones de los cerca de 70.000 trabajadores de la Administración. Por ello, propone revisar y mejorar el modelo de nueva Oficina Judicial que, a su juicio, ha "fracasado" en las ciudades piloto donde se ha puesto en marcha.

Emplaza así a hacer un diagnóstico de las necesidades, incrementar los medios materiales y humanos, impulsar la informatización, ampliar las funciones y el reconocimiento profesional de los empleados, mejorar los planes de formación, las retribuciones y compensar, "en un tiempo razonable y cuando las circunstancias lo permitan", a lo empleados públicos por el "sacrificio" realizado en época de crisis.

Fue la pasada semana cuando los sindicatos y la 'Plataforma Justicia para Todos' entregaron al Ministerio dirigido por Alberto Ruiz-Gallardón más de 250.000 firmas contra la ley de tasas y el anteproyecto por el que se "privatiza" el Registro Civil.