La Fiscalía ha presentado un recurso de apelación contra la sentencia que absolvió de prevaricación al exalcalde de Zurgena (Almería) y actual edil de Obras Públicas, Cándido Trabalón, así como a seis exediles de la corporación municipal al estimar que la jueza no resolvió al fallar la cuestión principal que pasa por determinar cuál era la clasificación de suelo en el que autorizaron la construcción de cinco viviendas unifamiliares.

La sentencia del Juzgado de lo Penal número 4 señalaba que no había quedado acreditado durante la vista oral el "carácter no urbanizable" de las parcelas en las que se concedió licencia municipal de obras ni que los exintegrantes de la corporación municipal otorgasen licencias "a sabiendas" de que eran supuestamente injustas

El Ministerio Público indica, sin embargo, que la jueza no define cuál era tal calificación y critica que "se acoja" a una sentencia no firme de lo contencioso-administrativo para justificarlo argumentado que esa "cuestión no está resulta por otro orden jurisdiccional".

El recurso de apelación, a que ha tenido acceso Europa Press, considera que la jueza ha incurrido en la "quiebra de las normas y garantías procesales" al dictar fallo absolutorio al tiempo que interpreta su postura como que no ha podido "determinar que legislación se ha de aplicar, algo que, a todas luces es improcedente e irregular".

"Y consecuencia de todo ello —ahonda la fiscal— es un sentencia con falta de motivación que priva al órgano superior de que pueda ejercer correctamente su función fiscalizadora pues ignora los argumentos de la juzgadora para valorar si estos son o no correctos, por lo que el vicio alegado es ya insubsanable en segunda instancia".

Así, interesa que se declare la nulidad de la sentencia, e incluso, del juicio celebrado en diciembre para que "se celebre uno nuevo por distinto juzgador y salvar el principio de imparcialidad objetiva".

En caso de que no se estimase la primera de las alegaciones, el Ministerio Público pide, aludiendo a un error en la apreciación de la prueba, que se modifiquen los hechos probados de la sentencia ya que, según señala, los acusados sí que eran conocedores de que la parcela edificada tenía la consideración de suelo no urbanizable, por lo que a "conciencia" habrían creado ellos mismos "de manera artificial esa aparente controversia" sobre la clasificación del terreno.

Alude a que la propia jueza calificó en su fallo de "inaceptables las alegaciones" que hicieron en juicio sobre que "desconocían" la normativa urbanística aplicable y apunta como prueba de cargo a las "evidentes y clarificadoras" fotografías aéreas que demuestran que no existían "equipamientos propios de las tramas urbanas como calles, acerado o suministros" en esa parcela de 'El Cucador' tal y como exigen las Normas Subsidiarias (NNSS) Provinciales para que un suelo sea considerado urbano.

"lo sabían perfectamente"

"Esto que sostenemos lo saben perfectamente los acusados como se deduce también de los informes jurídicos y técnicos que se emitieron para conceder las cinco licencias", apuntilla para, a continuación, subrayar que, al menos el promotor de la obra, reconoció que lo único que pretendían era "transformar por la vía de hecho el suelo rústico en urbano, al margen de todo planeamiento y hurtando las competencias que para la adecuada ordenación del territorio tiene la Comunidad Autónoma".

La fiscal, que se muestra no obstante conforme en última instancia con la absolución del promotor J.M.U.M y del director de obra F.S.G., concluye que las cinco licencias son "nulas" por incumplir "de una manera u otra" las exigencias recogidas en la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA), algo que "no podían ignorar los acusados si consideramos que las anomalías cometidas son muy básicas y primarias".

En la causa estaban acusados por presuntos delitos de prevaricación administrativa y contra la ordenación del territorio, además de Trabalón, seis exconcejales de PA, PSOE y PP, entre ellos el exconcejal de Urbanismo, Manuel Tijeras, así como el promotor de la obra, el director técnico, y el técnico municipal.

180

Años de cárcel

Trabalón se enfrenta a penas que suman 180 años de prisión y 1.050 años de inhabilitación para cargo público en el marco del conocido como caso 'Costurero' contra la corrupción urbanística en el que también están procesadas otras 24 personas, entre ellas exediles de la corporación, funcionarios y promotores inmobiliarios. No obstante, de ser condenado por los 120 delitos que se le imputan, cumpliría como máximo nueve años de cárcel.

El juez instructor de la causa ordenó hace unos días la apertura de juicio oral por presuntos delitos de cohecho, falsedad documental, prevaricación urbanística, desobediencia, negociación prohibida a funcionarios y contra la ordenación del territorio y resolvió imponer a Trabalón, quien forma parte del equipo de gobierno en coalición con el PP, una fianza civil de 571.147 euros.