La Subdelegación del Gobierno en Córdoba, con respecto a la denuncia realizada este miércoles por la portavoz adjunta de IULV-CA en el Parlamento, Alba Doblas, sobre la existencia de una "lista negra" elaborada por el Ministerio de Interior y en la que aparecen los datos personales de miembros de la formación que participaron en una manifestación en Córdoba el pasado mes de febrero, ha señalado que en todos los procedimientos sancionadores que se incoan por la organización de manifestaciones y concentraciones no comunicadas en tiempo y forma se respeta "escrupulosamente la legislación".

En un comunicado, la Subdelegación explica que si existe reiteración en la apertura de expedientes sancionadores por la organización de manifestaciones o concentraciones en la vía pública no comunicadas, se debe a que "los responsables de las mismas han sido identificados por los funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en dichos actividades, conforme establece la normativa vigente".

Por otro lado, recuerda que cualquier manifestación o concentración desarrollada en la vía pública ha de ser comunicada en tiempo y forma, o de lo contrario, tal y como está establecido en el ordenamiento jurídico, es obligada la apertura de un expediente sancionador a los organizadores de la misma.

Dicho expediente es un procedimiento administrativo de cuyo estado los interesados tienen derecho a estar informados, en todo momento, por lo que existe la obligación de facilitarles el contenido integro de sus expedientes cuando así lo soliciten.

Doblas ha explicado que ayer llegó a sus manos un documento del Ministerio del Interior, en el que aparecen los nombres y datos personales de determinadas personas que acudieron a una manifestación en Córdoba en apoyo a los estudiantes de Valencia.

El documento del Ministerio del Interior presentado por la parlamentaria de la coalición de izquierdas le fue entregado a un p particular que se personó en la Subdelegación del Gobierno de Córdoba para consultar las posibles sanciones por su participación en dicha movilización, según ha explicado, quien ha criticado que cualquiera puede acceder a un expediente con datos personales e incluso llevarse una copia del mismo.

En este sentido, la Subdelegación señala que, una vez recibidos tales expedientes, dichos interesados tienen la obligación y el deber de respetar la confidencialidad de los datos de terceros afectados que pudieran aparecer en cada procedimiento.

Por ello, advierte que si existiese alguna filtración de los datos que obren en su poder como interesados, dicha publicación se realiza bajo la responsabilidad debe quienes hayan recibido esa información confidencial, para uso del ejercicio de sus propios derechos, tal y como regula la Ley de Protección de Datos.

Por tanto, la Subdelegación del Gobierno en Córdoba no ha hecho otra cosa que "cumplir escrupulosamente" con su función, que es la de velar por la legalidad y la convivencia necesarias en un Estado de Derecho.