El grupo de IU en la Diputación de Málaga estudiará acudir a la vía contenciosa en caso de que el equipo de gobierno del PP continúe sin facilitar en tiempo y forma a la oposición la información que reclama sobre gastos de Presidencia y externalizaciones para poder desarrollar su tarea fiscalizadora, según ha anunciado este miércoles su portavoz, Antonia Morillas.

La coalición de izquierdas ya denunció públicamente este pasado martes que "el PP está incumpliendo su propio reglamento interno, aprobado con los votos a favor del PSOE y en contra de IU, sin contestar las peticiones de información de la oposición".

Morillas entiende que estos impedimentos "hacen pensar que o es un equipo de gobierno ineficaz u oculta algo porque no quieren que sepamos la relación de los contratos de publicidad y propaganda del presidente, Elías Bendodo, aunque sabemos que el año pasado superó el 400 por ciento de su presupuesto".

Sin embargo, ha apuntado la diputada en un comunicado, "lejos de cumplir la normativa de Diputación, el PP se negó a dar acceso a IU a las facturas de los gastos de publicidad y propaganda del presidente provincial en 2012, alegando colapso administrativo".

Según ha expuesto, "el diputado de Presidencia, Carlos Conde, ha solicitado un informe jurídico para avalar su hipótesis de lo que ha denominado colapso administrativo y solicitud indiscriminada de información por parte de IU".

"El PP ha preferido admitir su incompetencia e ineficacia a reconocer que existe una voluntad manifiesta de oscurantismo y ninguneo a los derechos fundamentales de los grupos de la oposición", ha criticado la diputada provincial.

Ha aludido, además, a la necesidad de que el equipo de gobierno del PP sea claro en una época donde su partido "está en el punto de mira de la ciudadanía por cuestiones de presunta corrupción y tiene la obligación ética y política con la ciudadanía en transparencia y participación".

La portavoz de IU en la institución supramunicipal ha anunciado acciones contra lo que considera "una vulneración de los derechos fundamentales" y, en caso de que se insista en ello, acudirá a la vía contencioso-administrativa.