IU-Verdes denuncia que el Gobierno central va a dejar de financiar los servicios sociales que prestan los ayuntamientos

Esta formación va a presentar mociones en los ayuntamientos de la Región de Murcia para protestar por esta situación
La responsable de Política Social de IU-Verdes en la Región, Adoración Peñas
La responsable de Política Social de IU-Verdes en la Región, Adoración Peñas
EUROPA PRESS
La responsable de Política Social de IU-Verdes en la Región, Adoración Peñas

La responsable de Política Social de IU-Verdes en la Región de Murcia, Adoración Peñas, ha denunciado públicamente que el Gobierno central de Mariano Rajoy "pretende abandonar la financiación de los servicios sociales de los ayuntamientos que ahora están atendiendo a las familias más pobres, necesitadas y castigadas por la crisis económica".

En rueda de prensa, Peñas ha explicado que estos servicios sociales sirven para atender "la ayuda a domicilio, la teleasistencia, los centros sociales, los comedores sociales, albergues, pisos tutelados, programas de prevención y de reinserción social, así como ayudas y prestaciones básicas".

En concreto, ha advertido que el Estado pretende dejar de pagar la parte que le corresponde del denominado Plan Concertado, a través del que financia desde 1988 estos servicios sociales básicos.

Peñas ha explicado que el 50 por ciento de la financiación del Plan Concertado proviene de los ayuntamientos, mientras que la otra mitad se reparte a partes iguales entre la Comunidad Autónoma y el Estado, con un 25 por ciento de aportación cada uno

En este sentido, ha puntualizado que esta disminución de la financiación "no es radical, sino progresiva". Así, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) consignaron 86 millones de euros para esta partida en 2011, que bajaron a 50 en 2012 y ha disminuido a 27 en 2013. Por ello, temen que la cifra en 2014 "será muy probablemente cero".

En 2012, el Plan Concertado en la Región de Murcia sumó 14 millones de euros, de los cuales, los ayuntamientos aportaron nueve millones de euros, mientras que la Comunidad Autónoma y el Estado destinaron 2,5 millones cada uno.

Peñas considera "gravísima" la supresión de estas ayudas, en un momento en el que el aumento de la pobreza está "traspasando todos los límites y está en ascenso, por desgracia". De hecho, puntualiza que la demanda de las ayudas por emergencia social ha aumentado un 200 por ciento, lo que no quiere decir "que se atiendan".

Ha explicado que estas ayudas por emergencia social "se solicitan por cuestiones tan básicas como pagar la comida, el alquiler, el agua, la luz o las medicinas", entre otras cuestiones, por lo que los demandantes son "familias en situación de pobreza extrema y mayores en situación prácticamente de exclusión".

La responsable de IU-Verdes ha llamado la atención sobre la situación en la Región de Murcia, donde la tasa de pobreza "supera la media nacional" y los ciudadanos "somos más pobres que en el resto de España". A todo esto hay que añadir "los recortes que viene haciendo el Gobierno regional en materia de servicios sociales".

Hacia un modelo de "beneficencia"

Este "hachazo" va a hacer que los profesionales de los servicios sociales "se vean obligados a derivar la atención de esos usuarios a Cáritas u otras organizaciones solidarias o de beneficencia", advierte Peñas.

La responsable regional de IU-Verdes no cree que se trate de una medida de ahorro, porque hasta ahora aportaba una cantidad "ridícula". Al contrario, considera que el recorte tiene "toda la pinta de tener una tendencia ideológica de la derecha".

En su opinión, los recortes en el sistema público de servicios sociales, "sólo evidencian que el Gobierno quiere retroceder al modelo de beneficencia anterior, el modelo preconstitucional, que era asistencial, benéfico y caritativo, donde los derechos sociales de los pobres no existían".

Para evitarlo, IU-Verdes ha anunciado que va a elaborar una moción tipo para que se pueda presentar en todos los ayuntamientos de la Región, alguno de los cuales ya ha confirmado que se va a presentar en breve. Además, Peña anuncia "movilizaciones" y un plan de actuaciones para evitar este plan "que no se puede tolerar".

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