La Guardia Civil ha decomisado, durante una investigación que ha contado con la colaboración de veterinarios del Principado, más de 50 kilogramos de carne sin control sanitario en hostelería. Se han interpuesto 10 denuncias administrativas en los municipios de Peñamellera Alta, Cabrales y Llanes.

El proceso arrancó a raíz de la detención de una persona a finales del año pasado en el termino municipal de Peñamellera Alta, como supuesto autor de un delito de tenencia ilícita de armas y otro contra la protección de la fauna, al encontrar en su poder varios cepos dispuestos para atrapar animales.

Así, la Guardia Civil continuó con las investigaciones, ante la sospecha de que esta persona estuviese comercializando con carne de caza o pesca en establecimientos hosteleros de la zona, ya que es "una práctica habitual entre los cazadores la venta de la carne obtenida en batidas y monterías, pero esta sólo puede destinarse al consumo propio", indican desde la Benemérita.

Si la venta se efectúa a establecimientos hosteleros y su destino va a ser la venta al público, los animales deben pasar por un Centro Autorizado de Despiece, el cual certificará la procedencia del animal y su salubridad para el consumo.

Entre el 3 y el 16 de enero, tras realizar varias inspecciones en locales hosteleros de los municipios de Peñamellera Alta, Cabrales y Llanes en colaboración con los veterinarios de los Servicios de Salud Pública y Medios Ambiente del Principado de Asturias, los agentes efectuaron un total de 10 denuncias administrativas, una a la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, dos a la Ley del Principado de Asturias sobre protección de los sistemas acuáticos y reguladora de la pesca en aguas continentales y siete a la Ley general de salud pública.

Además, decomisaron un total de 55,5 kg de carne de jabalí que se encontraba en situación irregular, al no haber pasado los controles sanitarios legalmente establecidos, ocho salmones, dos reos, 7 kg de truchas, cuya comercialización está prohibida en Asturias por la legislación vigente y un cepo metálico de los utilizados para fines de caza, el cual esta prohibida su tenencia y uso.

Las denuncias efectuadas serán remitidas a la Conserjería de Salud Pública y a la de Agroalimentación y Recursos Autóctonos del Principado de Asturias, teniendo los supuestos infractores un periodo de 10 días para acreditar la legal procedencia de los alimentos, siendo estos destruidos si esta no consigue demostrarse.

Las sanciones que están estipuladas para este tipo de infracciones van desde los 500 euros hasta los 5.000 euros por la tenencia del cepo, de 600 euros a 6.000 euros por la comercialización de salmónidos y hasta 3.000 euros por la venta al público de la carne de caza.