La Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta acata, "como no puede ser de otra manera", la sentencia del Tribunal Constitucional (TC)que anula ahora la libre colegiación de funcionarios públicos aprobada por la Junta de Andalucía en 2002, al entender éste que se "vulneran" competencias propias del Estado.

Así se manifiesta en un comunicado el departamento de María Jesús Montero respecto al pronunciamiento del Constitucional sobre el recurso planteado contra un precepto del artículo 30.2 de la Ley de Presupuestos para 2002 relacionado con la colegiación del personal de las administraciones públicas. La sentencia, dictada el pasado jueves y a la que ha tenido acceso Europa Press, el alto tribunal decide "estimar" el recurso presentado por el Ejecutivo presidido por José María Aznar en marzo de 2002 y declara la "inconstitucionalidad y nulidad" de la disposición aprobada por la Junta para que no sea exigible el requisito de colegiación.

La Consejería manifiesta que acata este fallo, a pesar de que existe una norma posterior —la Ley 10/2003, reguladora de los colegios profesionales de Andalucía— que está vigente y que hace las mismas excepciones a la colegiación obligatoria que contemplaba la Ley 15/2001 de Acompañamiento de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2002.

No obstante, Salud ve "necesario" recordar que este debate está superado puesto que, en la actualidad, el Gobierno central está elaborando la nueva Ley de Servicios Profesionales que aborda precisamente esta cuestión.

A este respecto, Andalucía reiterará en la elaboración de esta futura Ley su posición respecto a la "no necesidad" de la colegiación obligatoria para el personal funcionario, estatutario o laboral de las administraciones públicas de Andalucía.