El Tribunal Supremo (TS) ha dictaminado en sentencia firme que la Comunidad de Madrid levantó el campo de golf situado en el distrito de Chamberí —en plena ciudad— de manera ilegal, sin las licencias necesarias y violando el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya había fallado en contra de las instalaciones en 2010, pero la Comunidad presentó un recurso de casación que ahora ha sido rechazado por el Supremo. La sentencia, que este lunes adelantó El País y a la que ha tenido acceso 20minutos.es,  incluye la condena al Ejecutivo autonómico al pago de las costas del proceso. El dinero saldrá de las arcas públicas.

La construcción de la zona de prácticas, el campo de golf y los tres pabellones que hoy constituyen parte del conocido Green Canal comenzó en 2006. El ejecutivo de Esperanza Aguirre lo hizo sin disponer de la licencia municipal exigible.

Desde el Ayuntamiento, Alberto Ruiz-Gallardón se oponía a que donde él y su antecesor, José María Álvarez del Manzano, habían prometido un gran parque público (llegaron a poner la primera piedra) se hiciese un campo de recreo dedicado al pádel y al golf.

Por ello, negó la modificación de los permisos justificando su rechazo en que las torres de 30 metros construidas para sostener las redes que circundaban la zona de prácticas —amén de otros elementos— estaban fuera del planeamiento urbanístico.

Aguirre respondió declarando su proyecto de "indudable y excepcional interés público". Al parque público autorizado por Gallardón cuando este era presidente regional le había añadido "nuevas y avanzadas instalaciones para el desarrollo de deportes que cuentan con numerosos aficionados en la Comunidad de Madrid, como son el pádel y el golf".

Este fue todo el razonamiento aportado en la justificación del proyecto, por lo que el TSJM decidió anular el acuerdo del consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid mediante el que se le dio luz verde. El recurso había sido interpuesto por la Asociación de Vecinos El Organillo.

La Comunidad no derribará en ningún caso el golf. Al contrario, y según informó un portavoz del Ejecutivo, buscará la vía de resolver el "trámite administrativo" anulado por la Justicia.