El grupo del PNV en el Ayuntamiento de Vitoria ha planteado que el Consistorio sea el encargado de resolver los conflictos por ruidos en las comunidades de vecinos. La propuesta de los jeltzales pasa por crear un grupo de trabajo técnico-político con el fin de evitar que los particulares tengan que acudir a los tribunales.

Según ha explicado el PNV en un comunicado, este cambio en la ordenanza municipal contra el ruido y las vibraciones, aprobada por el Ayuntamiento hace dos años, busca regular la resolución de conflictos por motivo de ruidos en las comunidades vecinales.

En opinión del concejal Álvaro Iturritxa, la fórmula "más adecuada" puede ser la creación de un grupo de trabajo técnico-político que estudie una propuesta previa de los expertos del departamento de Medio Ambiente.

Para Iturritxa, "lo que no puede ser" es que la ciudadanía de Vitoria "tenga que acudir a los tribunales para resolver estos litigios tan frecuentes, y que encima tenga que pagar dinero por ello tras el cobro de las tasas judiciales impuesto por el Gobierno de Rajoy".

El PNV ha asegurado que el Ayuntamiento es "consciente" de que los ruidos vecinales ocasionan "gran número de disputas" entre las personas que viven en una misma comunidad. A pesar de ello, los jeltzales han señalado que la actual normativa "no desarrolló la resolución de los litigios ocasionados por un vecino que molesta a los demás".

Normativa actual

El grupo municipal ha recordado que el Consistorio reconoce en la ordenanza que el ruido vecinal es una de las cinco fuentes generadoras de molestias que requieren atención por parte de la Administración. "Las otras son las industrias y actividades, las instalaciones de la edificación, el tráfico y la vía pública", ha añadido el concejal.

Sin embargo, la normativa vigente no regula la intervención del Ayuntamiento en este tema "pese a que la propia ordenanza dice literalmente que las reclamaciones son muy numerosas y, a veces, dramáticas", ha apuntado Iturritxa.

El edil del PNV ha considerado "especialmente importante" que el Ayuntamiento realice esta labor porque, en la actualidad, las reclamaciones son desviadas a la Justicia ordinaria, lo cual "no solo alarga y complica el proceso de resolución de los litigios, sino que la reciente novedad del cobro de las tasas judiciales hace más urgente que el Consistorio se encargue de ello de forma gratuita".

Por todo ello, los jeltzales creen que los técnicos del departamento de Medio Ambiente deben desarrollar "cuanto antes" los protocolos de actuación para que el Ayuntamiento asuma esta "carencia" en la regulación municipal. Posteriormente, un grupo de trabajo compuesto por técnicos y políticos revisaría la propuesta y realizaría aportaciones