Altos cargos deben abstenerse en actividades relacionadas con sus decisiones hasta 2 años después de su cese

Los diputados regionales tienen una "compatibilidad absoluta" con otras ocupaciones, lo que da lugar a acumulaciones de sueldos

El artículo 11.1B de la Ley del Estatuto Regional de la Actividad Política obliga a los altos cargos del Gobierno murciano a abstenerse en la realización de actividades privadas relacionadas con los asuntos sobre los que hubieran adoptado decisión expresa en el ejercicio de su cargo durante los dos años siguientes a su cese, según ha explicado el decano del Colegio de Ciencias Políticas de la Región de Murcia, Javier Sierra.

En declaraciones a Europa Press, Sierra recuerda que los altos cargos -esto es, los directores generales, los secretarios generales, los consejeros y el presidente del Gobierno regional_también tienen prohibido por Ley, en los dos años siguientes a su cese, la celebración de contratos de asistencia técnica, servicios o similares con la Administración pública regional o sus organismos públicos.

El decano explica que esta serie de incompatibilidades establecidas por Ley intentan evitar que los altos cargos se forjen un puesto de trabajo para cuando finalicen su mandato, y que el ejercicio de la actividad política se haga con las máximas garantías de imparcialidad, buscando el interés público.

Asimismo, la Ley pretende evitar que el cargo político "esté coaccionado o influido por lo que va a hacer una vez finalizado su mandato, en caso de ser cesado o de que su gobierno no salga elegido y se vea obligado a buscar una alternativa".

Sierra considera que esta configuración del régimen de incompatibilidades es "positiva", pero advierte que también tiene una lectura negativa, por ejemplo, cuando una persona que ha dedicado toda su vida a un sector que trabaja para la administración pública quiere dar el salto a la política y se ve obligada a sacrificar un posible futuro en su actividad privada, al menos durante los dos siguientes años a dejar el cargo.

Además, recuerda que el régimen de incompatibilidades no afecta sólo a la persona que ocupa un alto cargo, sino también en relación a sus a determinados familiares en función del grado de consanguinidad.

Por ejemplo, el alto cargo tiene obligación de abstenerse en todos aquellos asuntos que interesen directa o indirectamente a sus parientes, por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado, o a empresas en que él o sus parientes tuviesen participación.

Por lo tanto, Sierra cree que el único problema de esta Ley es que hay mucha gente que renuncia a la política a pesar de que puedan tener muy buenos perfiles de gestores, por valorar que el hecho de ejercer un alto cargo "le va a conllevar más consecuencias negativas personales que positivas".

El decano del Colegio de Ciencias Políticas explica que todas estas restricciones, al final, hacen que el perfil de quienes ejercen la actividad política se corresponda con el de funcionario público, o aquel cuya familia no tiene intereses directos en la administración.

En la práctica, el decano considera que lo más lógico es que si un gobierno necesita un alto cargo para un área concreta, busque un profesional. En el caso del Gobierno murciano, recuerda que los consejeros y directores generales son profesionales en un porcentaje bastante amplio, según la estrategia seguida por Valcárcel.

Acumulación de sueldos:

El caso de los parlamentarios

Sierra subraya que los parlamentarios no tienen las restricciones que encuentran los altos cargos a la hora de compatibilizar su actividad pública y privada, hasta el punto de que pueden seguir ejerciendo sus labores profesionales.

En este caso, apunta que otro de los problemas del sistema es la acumulación de sueldos, y se pregunta hasta qué punto es ético que una persona que compatibiliza su actividad parlamentaria con una actividad privada reciba unas retribuciones muy altas al simultanear varios salarios.

En su opinión, aquella persona que tenga una actividad remunerada que le permita tener un nivel de vida "ordinario o corriente" debería "abstenerse o renunciar a cualquier tipo de percepción por parte de la asamblea correspondiente, bien sea el Congreso, el Senado o la cámara legislativa autonómica.

En el caso de la Región de Murcia, Sierra añade que algunos de los parlamentarios regionales compatibilizan su escaño en la Asamblea con otro puesto de carácter político, como alcalde, por ejemplo.

En la Asamblea, la actividad de los parlamentarios está regulada por la misma ley de los altos cargos regionales, el Estatuto Regional de la Actividad Política, que establece que los diputados tienen una "compatibilidad absoluta" con otras ocupaciones.

En concreto, el artículo número 5 de esta Ley establece que la condición de diputado regional es compatible con la actividad profesional privada, con el desempeño en activo de cualquier puesto en la función pública, con el ejercicio del comercio, de la industria, del arte o de cualquier otra actividad lucrativa.

No obstante, el Decano del Colegio de Ciencias Políticas de la Región considera que los parlamentarios que desarrollen una actividad privada y que cuenten con un sueldo mínimo asegurado, "deberían renunciar a la retribución como diputados, puesto que cualquier otra actividad le está restando tiempo a su dedicación política".

A la hora de establecer un límite en las retribuciones, Sierra cree que debería renunciar a las retribuciones de diputado "todo aquel que ganase más de 3.000 euros en el ámbito privado" o que se renunciase a la parte de las retribuciones públicas que hagan superar este límite cuando lo percibido en el ámbito privado sea una cuantía menor.

Sueldos de políticos:

Una media de lo ganado trabajando

De hecho, tanto parlamentarios como para altos cargos, propone que las percepciones que reciban en función del cargo se calculen como media de las ganancias declaradas en los últimos cinco años de vida profesional. De este modo se evitaría, apunta, que haya personas cuyo interés en relación a la política sea "mejorar" económicamente "ayudaría a acabar con esta idea del político profesional".

Pero a su vez esta media debería tener un mínimo de percepciones "para que sea viable que una persona realice su actividad política en exclusiva". Sierra no cree que los políticos tengan que ser altruistas del todo, y su dedicación "hay que pagarla", pero "no a precios tan altos", por lo que propone un límite máximo "porque los presupuestos públicos no pueden asumir todas las situaciones y más en la coyuntura de crisis actual" y añade que "si la ciudadanía se aprieta el cinturón, los salarios de los políticos deben ser ejemplificadores".

Por ello, apuesta por establecer una cifra tope que permita tener un sueldo digno y un nivel de vida adecuado, equivalente a tres o cuatro o cinco veces el salario mínimo, al entender que deben de tener un salario superior al de cualquier profesional, porque está expuesto a la crítica y debe de hacer sacrificios y cumplir con obligaciones de protocolo, acudir a actos sociales o cuidar su vestimenta, por ejemplo.

No obstante señala, que este límite máximo debería mantenerse incluso para cualesquiera otras percepciones "asistencias a reuniones de Comisiones y otras que se realizasen en función de su cargo en Consejos de Administración o similares" con la sola excepción de los gastos de transporte, alojamiento y manutención en caso de existir viajes imprescindibles.

Apuesta por aprovechar algún tipo de institución independiente de la Administración pública y de los partidos, como el Consejo Económico y Social o una Comisión formada por expertos y representantes de la sociedad civil, que pudiera estudiar las percepciones de los políticos y supervisar su actividad y concesión de compatibilidades y dictar laudos que fueran vinculantes, sin llegar a ser un órgano judicial.

Mostrar comentarios

Códigos Descuento