El Defensor de la Comunidad Universitaria de la Universidad de Valladolid ha llevado a cabo 181 actuaciones entre el 1 de septiembre de 2011 y el 31 de agosto de 2012, de las que la mayoría respondían a peticiones realizadas por el colectivo de alumnos.

Según se recoge en la Memoria anual de la institución del Defensor de la Comunidad Universitaria, en el mencionado periodo se han contabilizado 181 actuaciones, cifra ligeramente inferior a la media de 198 registradas en los últimos cinco años pero superior a la de universidades con similar número de estudiantes.

Del total de actuaciones, de las que 126 fueron consultas orientativas y 53 intervenciones (existen también quejas y desarrollan medidas de mediación) el 83 por ciento se realizó a instancias del colectivo de estudiantes, que es el que más uso hace de los servicios que presta la Defensoría de la Comunidad universitaria (también se trata del más numeroso).

En este caso, la petición de la Defensoría se solicita para abordar cuestiones relacionadas con exámenes, gestión de matrícula, becas y acceso a la Universidad y, según se refleja en la Memoria, destacan por "habituales" las vinculadas a las distintas pruebas de evaluación (representa el 23 por ciento de las actuaciones, tendencia descendente en los últimos años).

El organismo, que vincula la mejoría de estas consultas al uso de la reglamentación y a la "mejora" de documentos como las Guías Docentes, ha experimentado un repunte en la solicitud de actuaciones referentes a las becas, en su mayor parte de movilidad, que se augura será uno de los capítulos "más problemáticos" en los próximos años, por lo que se recomienda a las autoridades que tomen medidas.

Desconocimiento de la estructura

En este sentido el Defensor de la Comunidad Universitaria, Eugenio Baraja Rodríguez, ha reconocido en declaraciones a Europa Press que en ocasiones se acude a la Oficina del Defensor por desconocimiento de la estructura organizativa de la Institución académica, por lo que ha instado a conocer los reglamentos específicos y seguir los cauces correspondientes.

En referencia al Personal Docente Investigador (PDI), acapara el 16 por ciento de las actuaciones, centradas fundamentalmente en temas laborales y, en concreto, por los efectos de los ajustes económicos, ante lo que la Defensoría reclama "diálogo permanente" para consensuar decisiones de modo que se limite su impacto sobre las personas.

Baraja Rodríguez, ha reconocido que ponderadamente las actuaciones demandadas por el PDI son algo superiores mientras que el Personal de Administración y Servicios (PAS), que acude a otras vías.

Por Campus, el 81 por ciento de las actuaciones se vinculaban con el Campus de Valladolid mientras que los de Soria, Segovia y Palencia acapararon menos del diez por ciento y en similar proporción debido, según el Defensor, al distanciamiento.

La agilidad es el objetivo de este organismo, que busca que las resoluciones se realicen con fluidez y se basen en el diálogo y en el sentido común —"la solución de los problemas siempre está en la actitud de quienes lo plantean"—, al que el Defensor suma la visibilidad, reto ya logrado tras haber "trabajado mucho" en ello.