La Secretaría General de Consumo de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía ha invitado a la ciudadanía a realizar aportaciones al borrador del proyecto de ley de protección de derechos en la contratación hipotecaria, que prevé presentar al Parlamento en los próximos meses.

Según ha informado la Consejería en una nota, las sugerencias se podrán realizar hasta el próximo 8 de marzo a través de la dirección web 'http://www.juntadeandalucia.es/administracionlocalyrelacionesinstitucionales/opencms/portal/portada.jsp.', y el objetivo de esta iniciativa es "mejorar y enriquecer la futura norma para reforzar las garantías y derechos de las personas consumidoras y usuarias que se vean obligadas a contratar productos hipotecarios destinados a facilitar la compra de vivienda".

De esta manera, la administración andaluza "dejará de ser neutral y tomará partido a favor de la mayoría social", como, según ha recordado la Junta, anunció en el Parlamento el vicepresidente del Gobierno autonómico, Diego Valderas.

Además, el borrador de esta norma se ha remitido a los integrantes del Consejo Andaluz de Consumo, las organizaciones de consumidores y usuarios más representativas en Andalucía —Facua, UCA/UCE y Al-Andalus—, la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y otras entidades interesadas como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

Contenido del borrador

El borrador de la futura ley se estructura en distintos bloques relativos a la transparencia en la contratación, exigiendo "una actuación honesta y profesional de las empresas, transparencia referida a las tarifas de comisiones, información previa a la contratación de contratos de crédito o préstamos hipotecarios dirigida a las personas consumidoras y en la propiamente contractual, así como la introducción del arbitraje y la mediación para solucionar los posibles conflictos con las entidades financieras".

Igualmente, el texto del borrador reconoce "garantías" a las personas que formalicen estos contratos y a las que avalen las operaciones de préstamos o créditos, así como, "de forma expresa", la accesibilidad de las personas con discapacidad y de edad avanzada a la información que debe proporcionarse por las entidades de crédito y empresas que prestan estos servicios.

En cuanto a la publicidad, el borrador prevé que se indique de manera destacada si, en caso de incumplimiento, la garantía del contrato alcanza al valor de la vivienda hipotecada y al resto de los bienes presentes y futuros del consumidor, o si se limita sólo al valor de la vivienda.

También deberán detallarse los gastos que conlleva el impago de la cuota, si los hubiera, y advertir de forma expresa si hay riesgo de perder la vivienda en caso de que se incumplan los compromisos adquiridos en el contrato de crédito.

Otras obligaciones y garantías

El texto que prepara la Junta contiene igualmente la obligación de las entidades de crédito y empresas prestamistas de evaluar la solvencia de las personas consumidoras y usuarias, tomando como referencia los ingresos presentes y futuros, ahorros y deudas, entre otros parámetros.

Por último, para garantizar los derechos de las personas consumidoras, el borrador de la norma prevé que la Junta promueva entre las entidades que gestionan estos créditos la adhesión al sistema de arbitraje de consumo para "una mejor y más ágil resolución de posibles conflictos".