La Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta rechaza "tajantamente" las acusaciones de falta de diligencia en la gestión de los expedientes en el Sistema de Atención a la Dependencia y recomiendo a la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, que, por el bien de los andaluces, "deje de sembrar confusión e intente, por el contrario, arrimar el hombro para que la ciudadanía pueda seguir recibiendo los servicios sociales que le corresponde a pesar de que el Gobierno de España a la que ella representa esté retirándose de forma descarada de los mismos".

De esta manera responde la Consejería a la delegada del Gobierno en Andalucía, que ha puntualizado este viernes que los datos que maneja el Gobierno de España sobre la gestión y financiación de la dependencia "son los que contiene el informe elaborado por el Tribunal de Cuentas", que refleja que en la Comunidad Autónoma andaluza, en la gestión de la dependencia, se han producido "incidencias" en más de 48.000 expedientes, por lo que la Junta debe abonar al Estado un total de 157 millones de euros.

En este sentido, la Junta, que ha adelantado que por su parte se han presentado alegaciones al informe al estar en desacuerdo con los datos que aparecen en el mismo, explica que el documento del Tribunal de Cuentas remitido a la Agencia de la Dependencia de Andalucía refleja, en un fichero adjunto de nombres de usuarios, 1.359 casos de presuntas irregularidades, "una cifra muy alejada de la que mencionaba ayer la delegada del Gobierno, 4.194, y de la nueva cifra que ahora da, engordando ficticiamente las supuestas irregularidades hasta la cantidad de 48.000 expedientes".

"Parece que cada vez que la señora Crespo vaya a hablar del tema utilizará un número distinto de expedientes, lo que denota una falta de rigor intolerable en un tema tan delicado como las prestaciones sociales", lamenta el departamento de María Jesús Montero.

En cualquier caso, Salud indica que los 1.359 casos revisados por la Consejería de Salud y Bienestar Social representan "el 0,72 por ciento del total de beneficiarios de la Ley en Andalucía" y reitera que "en ningún momento este fichero incluye 4.194 expedientes con incidencias y mucho menos 48.000, por lo que desconocemos el origen de esa cifra que da la Delegación".

Igualmente, la Junta ha revisado cada uno de estos 1.359 expedientes lo que ha permitido determinar que el 86,8 por ciento de ellos (1.180) corresponde a resoluciones de fallecimientos que estaban correctamente grabadas en el sistema, por lo que recomienda a Crespo que pregunte al Ministerio "dónde ha estado el error".

Otros 30 casos corresponden a personas sobre las que se ha comprobado, con los datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social, que no han fallecido. Igualmente, se ha constatado que en 58 ficheros se han producido errores materiales, al tiempo que en 36 casos se estaba pendiente de la grabación de la resolución de fallecimiento.

De este modo, sólo 55 de los casos de presuntas irregularidades trasladados a la Agencia de la Dependencia, a raíz del informe del Tribunal de Cuentas, están en estudio para determinar qué ha podido ocurrir.

"Al igual que hace el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Crespo intenta extender entre la ciudadanía la idea de que el Sistema de la Dependencia es un coladero de errores y un marco que favorece la actuación arbitraria e incontrolada desde los distintos ámbitos que tienen relación con la aplicación de esta Ley, nada más alejado de la realidad porque los casos estudiados son errores procedimentales, absolutamente anecdóticos en número y subsanados", señala la Consejería, que advierte de que "tachar esto de fraude sólo contribuye a la eliminación de la Ley de la Dependencia que pretende el Partido Popular".

Por otro lado, resalta que este tema surgiera justo el día en el que el Gobierno central aborda los nuevos recortes en políticas sociales y en el que el Ministerio de Sanidad confirma, además, la retirada del Gobierno de la financiación de los servicios sociales comunitarios. "Está claro que no les interesa para nada el informe sino la cortina de humo que permite generar frente a los continuos recortes en prestaciones sociales del Gobierno central", apunta.

Para la Junta, Crespo realiza un ejercicio de "irresponsabilidad y cinismo impropio" de un responsable público, "intentando salvar la cara en Andalucía al Gobierno y al PP, cuya hoja de ruta en políticas sociales está, a estas alturas, más que clara, y cuyo objetivo no es otro que el desmantelamiento del Estado del Bienestar, en el que nunca han creído".

Desde la Consejería de Salud y Bienestar Social, se realiza un llamamiento a la responsabilidad de Crespo y de sus compañeros de partido para que "no usen datos sin rigor alguno para alarmar a la ciudadanía y dar a entender que la aplicación Ley de la Dependencia es un fiasco, cuando la realidad es radicalmente distinta, al menos en la comunidad autónoma andaluza".