La Consejería de Salud y Bienestar Social ha replicado a la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, quien ha pedido este jueves a la consejera del ramo, María Jesus Montero, que justifique los 24 millones de euros que la Junta recibió del Imserso entre 2007 y 2011 para financiar a 4.194 dependientes y que, según ha dictaminado el Tribunal de Cuentas, no pudieron percibir las ayudas porque habían fallecido, que tales cifras aportadas por el Ministerio "son rotundamente falsas".

En un comunicado, la Junta ha sostenido que dicho informe del Tribunal de Cuenta se refiere a un procedimiento de auditoría sobre la financiación del Sistema de Atención a la Dependencia que puso en marcha el Gobierno central de entonces "para velar por el cumplimiento del procedimiento y garantizar a los ciudadanos la correcta atención al detectar cualquier anomalía en el sistema".

El informe del Tribunal de Cuentas remitido a la Agencia de la Dependencia de Andalucía, "que además está aún en proceso de alegaciones", refleja, en un fichero adjunto de nombres de usuarios, "1.359 casos de presuntas irregularidades", según la Junta.

"Estos casos representan el 0,72 por ciento del total de beneficiarios de la Ley en Andalucía y, en ningún momento, dicho fichero incluye 4.194, por lo que desconocemos el origen de esa cifra", prosiguen desde Salud en su nota, en la que subrayan que la Junta ha revisado "cada uno de estos 1.359 expedientes, lo que ha permitido determinar que el 86,8% de ellos (1.180) corresponde a resoluciones de fallecimientos que estaban correctamente grabadas en el sistema, por lo que recomendamos a la señora Crespo que pregunte al Ministerio dónde ha estado el error".

Otros 30 casos (el 2,21%), prosigue la Junta, corresponden a personas sobre las que se ha comprobado, "con los datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social, que no han fallecido". Igualmente, se ha constatado que en 58 ficheros se han producido errores materiales (como por ejemplo que se había indicado la fecha de nacimiento en lugar de la de fallecimiento), al tiempo que en 36 casos se estaba pendiente de la grabación de la resolución de fallecimiento.

Solo habría 55

Casos pendientes de estudio

De este modo, sólo 55 de los casos de presuntas irregularidades trasladados a la Agencia de la Dependencia (1.359) a raíz del informe del Tribunal de Cuentas están en estudio para determinar qué ha podido ocurrir.

Hay que recordar que, mensualmente, en un procedimiento que precisamente fue propuesto por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, se cruzan los datos del sistema de la Dependencia con las bajas por fallecimiento que se recogen en el Instituto Nacional de Estadística (INE), que hace precisamente el IMSERSO, que es el único organismo que tiene acceso a éstos.

"intentan eliminar la ley de dependencia"

"Al igual que hizo ayer el Ministerio de Sanidad, la señora Crespo intenta extender entre la ciudadanía la idea de que el Sistema de la Dependencia es un coladero de errores y un marco que favorece la actuación arbitraria e incontrolada desde los distintos ámbitos que tienen relación con la aplicación de esta Ley, nada más alejado de la realidad porque los casos estudiados son errores procedimentales, absolutamente anecdóticos en número y subsanados". Tachar esto de fraude sólo contribuye a la eliminación de la Ley de la Dependencia que pretende el PP", agregan desde el departamento de Montero.

Del mismo modo, sostienen que "llama la atención que el señor Echániz haya hecho público este informe justo el día en el que el Gobierno central aborda los nuevos recortes en políticas sociales y en el que el Ministerio de Sanidad confirma, además, la retirada del Gobierno central de la financiación de los servicios sociales comunitarios. Está claro que no les interesa para nada el informe sino la cortina de humo que se ha generado y que oculta el fondo de la reunión".

"La señora Crespo realiza un ejercicio de irresponsabilidad y cinismo impropio de un responsable público, intentando salvar la cara en Andalucía al Gobierno de la Nación y al Partido Popular, cuya hoja de ruta en políticas sociales está, a estas alturas, más que clara, y cuyo objetivo no es otro que el desmantelamiento del Estado del Bienestar, en el que nunca han creído", añade la nota de la Junta.

La Junta recuerda que, a través de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, aplica un plan de calidad de los datos del sistema de dependencia en la comunidad autónoma que garantiza y correcto seguimiento y control de las prestaciones que se otorgan a la ciudadanía en virtud de esta Ley.

"Por lo tanto, rechazamos tajantemente las acusaciones de falta de diligencia en la gestión de los expedientes, y recomendamos a la delegada del Gobierno en Andalucía que, por el bien de los andaluces y las andaluzas, deje de sembrar confusión e intente, por el contrario, arrimar el hombro para que la ciudadanía pueda seguir recibiendo los servicios sociales que le corresponde a pesar de que el Gobierno de España a la que ella representa esté retirándose de forma descarada de los mismos. Son rotundamente falsas las cifras de 4.194 casos o de 24 millones de euros a las que se refiere la señora Crespo".

El procedimiento que se sigue desde Andalucía para el seguimiento y control de las prestaciones derivadas de la Ley de la Dependencia "recoge con total transparencia y claridad el modo de proceder en el caso de que se detecten que algún tipo de ayuda ha sido cobrada indebidamente. En ese caso se abre el correspondiente expediente administrativo para proceder al reintegro del gasto".

Por todo ello, desde la Junta han hecho un "llamamiento a la responsabilidad de la señora Crespo y de sus compañeros de partido para que no usen datos sin rigor alguno para alarmar a la ciudadanía y dar a entender que la aplicación Ley de la Dependencia es un fiasco, cuando la realidad es radicalmente distinta, al menos en la comunidad autónoma andaluza".