El colegio Elcható de Brenes (Sevilla), uno de los doce centros de educación diferenciada por sexo en Andalucía y único afectado en la comunidad autónoma por una resolución judicial del Tribunal Supremo que ha sentado jurisprudencia en lo tocante a rechazar los conciertos de la administración con estas estructuras educativas, ha presentado un incidente de nulidad ante el propio Supremo, previo al registro de un recurso ante el Tribunal Constitucional.

Así lo ha confirmado a Europa Press la directora del centro, Macarena López, que ha subrayado que "en ningún momento" se discute la legalidad de este tipo de educación, razón por la que, "al estar dentro de la ley", el colegio procede a responder a la decisión mediante la cual Elcható dejaría de financiarse con fondos públicos.

López ha reivindicado la labor que esta escuela realiza desde hace varias décadas en relación a la formación de las mujeres en el medio rural, habida cuenta de que, además, "en estos colegios el índice de fracaso escolar se sitúa en el 6 por ciento, frente al 32,5 por ciento que Andalucía tiene en estos momentos".

De esta manera, se ha preguntado "por qué ese empeño en quitar algo que funciona bien", máxime cuando el alumnado —en su caso, femenino— que se beneficia del convenio proviene de "un colectivo muy vulnerable, como es el campo andaluz".

La directora de Elcható, asimismo, defiende que si en otros ámbitos como el administrativo se ha acometido la creación de órganos específicos para mujeres, algo "perfectamente válido", debería, a su juicio, "hacerse lo mismo con la educación diferenciada".

Los padres recurren a chamizo

Sobre la situación en la que se encuentran los centros diferenciados andaluces en plena etapa de renovación de los conciertos, el secretario general de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) en Andalucía, Rafael Caamaño, ha indicado a Europa Press que "a día de hoy, con la inclusión de una enmienda en los Presupuestos Generales del Estado que especifica la opción de financiación de estos colegios, la tesitura es inmejorable".

Así, ha confirmado que todos los colegios pretenden acogerse al concierto —podrían llevarlo a cabo en un acto colectivo, adjuntando las firmas de apoyo recogidas— sin cambiar su modelo, mediante la renovación en base a una orden que "es idéntica a la de años anteriores", aunque ha admitido que la Junta podría hacer la aplicación de ésta que considerase oportuna; en este caso, la administración regional se acogería al fallo del Supremo, mientras que los centros consideran que "debe interpretarse a la luz de la legislación y del Reglamento de Convenios".

Los padres de alumnos, por otra parte, continúan con su campaña y han presentado una petición de entrevista con el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, mientras que también han comenzado una ronda de contactos con centros educativos concertados para, en aras a la "libertad de elección", poder formar un frente común para combatir la revisión de política de conciertos anunciada por la Junta, según ha subrayado a Europa Press la portavoz del colectivo, Gemma García.

Los centros afectados son los colegios Campomar de Aguadulce (Almería), Torrealba de Almodóvar del Río (Córdoba), Zalima de Córdoba, Yucatal de Posada (Córdoba), El Soto de Chauchina (Granada), Nuestra Señora de Lourdes de Carmona (Sevilla), Ángela Guerrero, Albaydar, Ribamar y Altair de Sevilla capital, Elcható de Brenes (Sevilla) y el Molino Azul de Lora del Río (Sevilla).