La juez de Sevilla que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía, Mercedes Alaya, ha presentado este jueves un nuevo parte de baja laboral por enfermedad para otros 20 días, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.

La magistrada acumula más de cuatro meses de baja tras abandonar su actividad en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla el día 12 de septiembre del pasado año 2012 debido a las fuertes cefáleas que sufría desde que se incorporó a su órgano judicial una vez concluidas las vacaciones de verano.

Las fuentes consultadas por Europa Press han subrayado que el Juzgado de Instrucción número 6, que investiga la causa de los ERE fraudulentos con más de 60 imputados, no se encuentra "desasistido ni desprotegido", toda vez que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) nombró a la juez de adscripción territorial Ana Rosa Curra como juez de refuerzo de Mercedes Alaya, puesto al que se ha incorporado a principios de enero.

Precisamente, el presidente del Alto Tribunal andaluz se trasladará a Sevilla el miércoles de la próxima semana para reunirse con Ana Rosa Curra "y analizar las necesidades" del órgano judicial en cuestión, que además de los ERE instruye otras causas tan complejas como la dirigida contra Manuel Ruiz de Lopera por presunto delito societario y apropiación indebida en su gestión en el Real Betis Balompié.

Varias fuentes consultadas por Europa Press aseguran que, tras el nuevo parte de baja presentado por la magistrada Mercedes Alaya, el TSJA "no tiene sobre la mesa" adoptar ninguna medida, aunque otras fuentes apuntan a que la visita de Lorenzo del Río prevista en principio para el próximo miércoles tiene como fin analizar las "necesidades" del Juzgado para, en consecuencia, proponer alguna medida de refuerzo.

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado varios escritos en el Juzgado en el que pide que se impulse la causa y advierte de la posibilidad de que algunos de los delitos investigados puedan prescribir, solicitando asimismo que se establezca un calendario de declaraciones para aquellos imputados que no han prestado declaración hasta el momento.

El caso continúa bajo secreto de sumario

Durante el tiempo en que la magistrada ha estado de baja, el juez nombrado sustituto, Iván Escalera, que concluyó su contrato recientemente, resolvió algunos recursos y tomó algunas decisiones de calado, como cuando decidió rebajar a 50.000 euros la fianza para que el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero pudiera abandonar la prisión, cosa que hizo el 22 de octubre.

De igual manera, el juez sustituto dictó un auto el día 6 de noviembre en el que decretó el secreto de sumario durante un mes del caso de los ERE a fin de ampliar la investigación sobre personas no imputadas e indagar la presunta comisión de delitos de asociación ilícita, cohecho y blanqueo de capitales.

Este secreto, conviene recordarlo, fue prorrogado posteriormente en dos ocasiones por la "gravedad" de los delitos que se investigan y a fin de identificar a los "verdaderos" beneficiarios de los fondos públicos investigados.

A

Prisión un presunto testaferro

De su lado, la juez Ana Rosa Curra ordenó este martes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de Juan Francisco Algarín Lamela, uno de los presuntos testaferros de las "empresas pantalla" empleadas supuestamente para introducir en el circuito financiero "y con apariencia de legalidad" el dinero procedente de las sobrecomisiones aplicadas a las pólizas de prejubilaciones vinculadas con los expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados por la Junta de Andalucía.

Tras solicitarlo la Fiscalía Anticorrupción, la juez acordó el ingreso en la cárcel de Sevilla-I de Juan Francisco Algarín, a quien imputa un total de cinco delitos, en concreto cohecho, malversación de caudales públicos, falsedad documental, asociación ilícita y blanqueo de capitales.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitió el pasado mes de septiembre al Juzgado que investiga los ERE fraudulentos un oficio en el que señalaba que Juan Francisco Algarín, que figuraba como administrador solidario de la empresa 'Distripack Transporte Urgente S.L.', habría cobrado entre marzo de 2004 y enero de 2007 un total de 12 cheques por valor de 362.500 euros.