Los cajeros de calle pagarán un impuesto al Ayuntamiento

El Consistorio zaragozano les cobrará una tasa porque es una actividad que ocupa la vía pública para hacer negocio
Las entidades financieras tendrán que pagar a partir de 2006 por los cajeros que tienen fuera de las sucursales. Cuando el cliente saca dinero desde la calle, cajas y bancos están haciendo negocio ocupando la vía pública. Por eso, el equipo de Gobierno municipal modificará las ordenanzas que gravan las actividades en la calle, según informaron fuentes municipales. Ciudades como Cádiz, Córdoba, A Coruña ya pagan impuestos por los cajeros.

En la provincia de Zaragoza hay más de 1.100 cajeros (hay 767 Euro6000 y 408 de Servired). En la capital, Ibercaja cuenta con 209 cajeros (43 fuera de las oficinas); CAI tiene más de 140; Cajalón, 38 (9 fuera) y Barklays, 36. Sólo tendrían que abonar la nueva tasa por cada cajero que esté ubicado en la fachada y se acceda a él desde la calle.

El Ayuntamiento de Córdoba cobra por cajero y año de 450 a 132 euros, según la categoría fiscal de la calle donde están instalados. En A Coruña, el coste ronda los 165 euros.

Ausbanc considera factible el cobro de la tasa por los cajeros a las entidades financieras y espera que el impuesto «no repercuta en los pagos de los usuarios», según indicó el delegado en Aragón, Alberto Cardona.

Actividades que pagan

Los puestos de helados pagan 13,65 euros al mes y las castañeras, 11,40 euros. Las barras de bar para verbenas cuestan 19 1 al día y las casetas de artesanía en el Pilar, 258 1 por todas las fiestas.

Alcobendas cobra 324 euros

El municipio madrileño es pionero en el cobro de una tasa a los bancos y cajas de ahorro que cuentan con cajeros en la vía pública. Cobra 324 euros por unidad al año y ganó un recurso interpuesto por un banco contra el cobro de esta tasa. El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón también cobra cuando los usuarios sacan dinero desde la calle: 350 euros por cajero y año. El Consistorio madrileño aprobó en 2003 una iniciativa del grupo municipal de IU en la que proponía gravar a las entidades financieras por utilizar el suelo público y llegó a aplicarla, mientras que Barcelona está estudiando incorporar la tasa.

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