La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ha lamentado este jueves que exista corrupción en Andalucía, y esta sea "tan potente" como según considera se ha demostrado con el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE).

Todo ello tras ser preguntada por la situación de Juan Francisco Algarín Lamela, uno de los presuntos testaferros de las "empresas pantalla" empleadas supuestamente para introducir en el circuito financiero "y con apariencia de legalidad" el dinero procedente de las sobrecomisiones aplicadas a pólizas de prejubilaciones vinculadas los ERE, financiados por la Junta de Andalucía, en prisión desde el pasado lunes, y que se enfrenta también a una petición de la Fiscalía de Sevilla de ocho años y medio de cárcel y el pago de una multa de 1,9 millones de euros por dos presuntos delitos contra la hacienda pública en otra causa.

En declaraciones a los periodistas en las instalaciones de la firma agrícola El Bosque, en Lucena del Puerto (Huelva), antes de realizar una visita por la finca, Crespo ha destacado que la Policía realiza la instrucción policial, que continúa su curso, y serán los jueces los que "irán dirimiendo el caso".

Fuentes judiciales han informado a Europa Press de que en esta causa, investigada por el Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, el Ministerio Público imputa a Juan Francisco Algarín Lamela los dos delitos reseñados contra la hacienda pública y otros cuatro delitos continuados por falsedad en documento mercantil. En total, y según las mismas fuentes, el imputado acumula cuatro causas abiertas en los juzgados de Sevilla, incluida la relacionada con el caso ERE.