Guevara se entregó a primera hora del martes en la comisaría de la Policía Nacional Civil (PNC) de la población de La Democracia, ubicada a 140 kilómetros al sur de la capital guatemalteca, tras enterarse de la orden de captura con fines de extradición dictada en su contra por un tribunal penal.

El general retirado, que fue ministro de Defensa durante el régimen militar de Fernando Romeo Lucas (1978-1982), fue trasladado a la capital guatemalteca bajo fuertes medidas de seguridad y puesto a disposición del Tribunal Quinto de Sentencia Penal, el que "de trámite" ordenó su traslado al Centro de Detención Preventiva para Varones, ubicado al norte de la capital.

Guevara no fue escuchado por los miembros de esa judicatura debido a que "está sometido a un procedimiento de la justicia internacional, por lo que en este caso no aplica lo establecido en la legislación guatemalteca".

"Fue enviado a un centro de detención preventiva en donde deberá permanecer hasta que la Audiencia Nacional de España solicite su extradición a ese país", precisó la fuente.

Ese tribunal autorizó ayer la captura, con fines de extradición, de tres ex militares y un civil, a solicitud del juez de la Audiencia Nacional española Santiago Pedraz, quien conoce la querella presentada en diciembre de 1999 por la premio Nobel de la Paz 1992, la líder maya-quiché Rigoberta Menchú.

Las otras órdenes de captura autorizadas, que aún están pendientes de ser cumplidas, están dirigidas contra el general golpista Oscar Mejía Víctores (1983-1985), el coronel Germán Chupina Barahona, y Pedro García Arredondo, ambos ex jefes de la desaparecida Policía Nacional en el período de 1978 a 1982.

Chupina, de 83 años de edad, fue internado a primera hora del martes en un hospital privado para evitar su captura; su médico particular argumentó que padece problemas gastrointestinales.

Agentes de la PNC rodean la residencia de Mejía Víctores, en el sur de la capital, y esperan una orden de allanamiento para proceder a su captura, en tanto que García Arredondo es buscado en la población de Nueva Santa Rosa, en el este del país, en donde reside.

Piden por Ríos Montt

Menchú dijo que exigió al tribunal que "de inmediato" autorice también la captura del general golpista José Efraín Ríos Montt, quien también es reclamado por la justicia española.

En su fallo, el tribunal excluyó de esa decisión a Ríos Montt, por considerar que durante el tiempo en que ocurrieron los hechos imputados el militar retirado no ocupaba ningún cargo público, así como al general Benedicto Lucas, quien según los miembros del tribunal no estaba incluido en la petición de captura.

La querella promovida por Menchú ante la Audiencia Nacional de España, también está dirigida contra el ex presidente Fernando Romeo Lucas García (1978-1982), fallecido en Venezuela en mayo pasado, y su ex ministro de Gobernación, Donaldo Alvarez Ruiz, prófugo de la justicia desde noviembre del año pasado.

Los militares y los civiles son reclamados por la Audiencia Nacional de España, donde Menchú los demandó en 1999 por los delitos de genocidio, torturas y terrorismo de Estado, ocurridos durante la guerra de 36 años que vivió este país centroamericano entre 1960 y 1996, en la que las fuerzas armadas, apoyadas por los respectivos gobiernos de Estados Unidos, cometieron atrocidades y matanzas contra la población orginaria maya.

Además de los delitos de lesa humanidad, los imputados deberán responder por el asalto de las fuerzas de seguridad guatemaltecas el 31 de enero de 1980 a la embajada de España, donde murieron 37 personas, entre ellas tres españoles y el padre de Menchú, así como por los asesinatos de cuatro sacerdotes españoles en la década de los 80.

Asimismo, Rigoberta Menchú reforzó su seguridad personal por temor a posibles represalias de parte de los militares.