El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, reveló este martes que ha adquirido junto a su mujer, Lourdes Cavero, el ático dúplex de lujo situado en la prestigiosa urbanización marbellí Alhambra Golf y que una juez investiga por sospechas de fraude fiscal tras una denuncia del Sindicato Unificado de Policía (SUP) relacionada con la trama Gürtel.

"Yo pagaba mis alquileres religiosamente. A finales del año pasado se formalizó la compra, que está pendiente de inscribirse por parte de la gestora del banco", admitió González solo pocas horas después después de hacerse público que el juzgado de Instrucción número 5 de Estepona (Málaga) ha pedido información sobre el inmueble a la Delegación de la Agencia Tributaria de Málaga.

Fuentes del Gobierno regional detallaron que el precio de la operación, realizada el 18 de diciembre, se fijó en 770.000 euros y que ha sido financiada mediante crédito bancario, de forma que González es propietario del 20% y su esposa del restante 80%. Así consta en las escrituras facilitadas por la Comunidad de Madrid "en aras a la transparencia". Hasta ahora, el sucesor de Esperanza Aguirre había mantenido que él era únicamente —y desde 2008— inquilino del inmueble.

¿Quién era el propietario?

Según el SUP, Ignacio González ya era el propietario del inmueble mucho antes de admitirlo. Este habría sido un regalo por la mediación del hoy presidente regional a favor de la constructora Martinsa en el 'pelotazo' urbanístico que la trama Gürtel dio en Arganda del Rey entre 2005 y 2006.

La sociedad que adquirió el inmueble y lo alquiló a González está situada en un pararíso fiscal en EE UUEn mayo de 2008, el promotor Javier Villate vendió a Coast Investors LLC —una sociedad radicada en el paraíso fiscal de Delaware— el ático de la polémica por 750.000 euros. Ese mismo año, la esposa de González firma con Coast Investors el contrato de alquiler por 2.000 euros, aunque los arrendamientos en la misma urbanización alcanzaban los 6.000.

Según averiguó la Unidad de Delitos Fiscales y Económicos de la Policía Nacional (UDEF), la adquiriente Coast Investors es propiedad de la panameña Waldford Overseas Investiments, que a su vez tiene cuentas bancarias entre cuyos últimos beneficiarios se encuentra Javier Villate, el vendedor, que siguió figurando tras la venta como titular del piso en el Registro de la Propiedad de Estepona. Los gastos de comunidad, incluido el Impuesto de Bienes Inmuebles, los pagaba, sin embargo, Coast Investors.

La inversión de declaración extranjera en bienes inmuebles necesaria para cerrar la operación la realizó, apunta la UDEF, la sociedad Suárez de la Dehesa Abogados SL, que actuaba en nombre de Coast Investors. Su dueño es José Antonio Suárez, secretario general de la sociedad gestora de derechos de productores audiovisuales Egeda, que preside Enrique Cerezo, amigo personal de Ignacio González y que tiene varios contratos en marcha con Telemadrid. Cerezo también tiene negocios con Rudy Valner, que representó a Coast Investors en la compraventa del ático y al que la Policía atribuye el papel de testaferro.

El testigo de la Gürtel

Para el SUP, Coast Investors solo es una empresa pantalla utilizada por un tercero para vehicular el dinero con el que, presuntamente, se premiaría a Ignacio González por su intervención en Arganda.

La sociedad estuvo prácticamente inactiva desde su creación, en marzo de 2008, hasta marzo de 2012, cuando González afirmó que tenía el chalet en alquiler por 2.000 euros al mes. Para el sindicato policial, hay "indicio suficiente de la inexistencia de pagos de alquiler" por parte de González. "No tengo ninguna duda de que el ático ya era de González cuando se empezó a investigar", agregó este miércoles el secretario general del SUP, José Manuel Sánchez Fornet.

La hipotética relación de Ignacio González con el caso Gürtel se fundamenta en la declaración de uno de los testigos ante el juez que investiga la trama corrupta relacionada con cargos públicos del Partido Popular. Este testigo aseguró que González maniobró para que Martinsa se hiciese a bajo precio (77 millones en lugar de 100) con unos terrenos por los que obtuvo pingües ganancias, al vender poco después un tercio de ellos por el mismo dinero que había pagado por el conjunto.

Si tienen informes policiales, que lo hagan público para que yo me pueda defenderGonzález ha negado cualquier relación con el conocido como 'pelotazo de Arganda' o con Rudy Valner. Según el dirigente del PP, la investigación por posible evasión fiscal iniciada por la juez de Estepona no tiene que ver "en nada" con él. "Si tienen informes policiales, que lo hagan público para que yo me pueda defender e ir a los tribunales de Justicia", exigió tras reconocer la propiedad del ático.

Sánchez Fornet, contestó que, en la medida en que dependa de su formación, la investigación judicial "continuará hasta conocer el origen de los fondos" con los que Coast Investors compró el ático. Además, Fornet exigió la dimisión del director general de la Policía, Ignacio Cosidó, por destituir a los dos comisarios (el excomisario de Marbella, Agapito Hermes de Dios, y el excomisario general de Policía Judicial, José Enrique Rodríguez Ulla) que investigaron inicialmente el caso de Ignacio González.

A favor de González juega que la Fiscalía Anticorrupción ya archivó el caso en junio de 2012.

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