La crisis es un territorio especialmente minado para los autónomos. Muchos de ellos también están pasando por la dolorosa experiencia de un desahucio. Se trata de trabajadores autónomos que pierden su vivienda habitual por el efecto de un embargo derivado del impago de deudas con la Seguridad Social.

El Ministerio de Empleo está estudiando con las asociaciones de autónomos la posibilidad de adoptar medidas específicas para evitar este problema. Según la ministra Fátima Báñez, se baraja conceder un aplazamiento de hasta cinco años a estos trabajadores para pagar sus deudas, plazo en el que tendrán condiciones de amortización más "flexibles", así como ampliar de uno a dos años el plazo mínimo desde la primera diligencia para proceder al embargo de su vivienda habitual.

La ministra ha realizado este anuncio después de que el senador socialista Juan Espadas le preguntara si sería posible adaptar el reglamento de la Seguridad Social para evitar embargos y desahucios en el caso de autónomos que responden con su vivienda para cubrir sus deudas con el sistema.

Báñez ha confiado en que estas medidas estén "en marcha" en "próximas fechas". En cualquier caso, ha recordado que, en la actualidad, la vivienda habitual de uno de estos trabajadores no es embargable en el caso de que pueda responder a sus deudas con otros bienes.

Según Empleo, la Seguridad Social ha concedido en 2012 hasta 24.340 aplazamientos de pago a autónomos, por una cantidad de 175 millones de euros, lo que, a juicio de la ministra, supone un "esfuerzo importante" en beneficio de un colectivo que es "una prioridad para el Gobierno".

La Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) ya había emplazado al Gobierno a tener presente las situaciones particulares de miles de autónomos al borde del embargo por las deudas de la Administración antes de que se aprobara el decreto 'antidesahucios', en noviembre de 2012.

Concretamente, había demandado el cese de los desahucios de viviendas y locales, con los que estos trabajadores responden ante sus deudas, cuanto a su vez cuenten con facturas impagadas por parte de la Administración.

El decreto en el que el Gobierno no incluyó medidas específicas orientadas a los autónomos con deudas con la Seguridad Social, contempla la paralización durante dos años de los desahucios siempre que se cumplan determinados requisitos económicos y sociales y la creación de un Fondo Social de Viviendas, para alojar a personas afectadas por estos procesos, con alquileres que entre 150 y 400 euros.