El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se propone dar luz verde definitiva a su informe sobre la reforma del Código Penal planteada por el Gobierno.

Para ello debatirán este miércoles en un pleno extraordinario sobre la ponencia elaborada por la vocal Margarita Robles, que duda de la constitucionalidad de algunas medidas del Anteproyecto y que ya recibió la semana pasada el respaldo de los vocales progresistas de la Comisión de Estudios de este órgano. La reunión podría durar varias horas y se centrará en temas como la prisión permanente revisable y la custodia de seguridad.

Es posible que algunos vocales propongan matizar los términos empleados en el texto. Ya durante la discusión en la comisión se ampliaron los argumentos contrarios a la implicación de ambas medidas.

Respecto de la custodia de seguridad, el informe, una vez discutido por los cinco vocales de la Comisión de Estudios, redunda en la falta de seguridad jurídica de la medida, por aplicarse una vez cumplida la pena de prisión, y se añade como "pero" una posible vulneración del denominado "principio de taxatividad" por ser su redacción excesivamente extensa y poco concreta.

También es previsible que el texto reciba varios votos en contra del denominado "sector conservador" del CGPJ. Durante la discusión de este asunto en la Comisión de estudios votaron en contra Concepción Espejel y Antonio Dorado, que presentaron sendos votos particulares.

Entre otros aspectos de la reforma, el informe del CGPJ aborda la prisión permanente revisable, una pena inédita en el ordenamiento español y que se aplicará a los delitos más graves, como son homicidios terroristas. El informe señala que "resulta cuanto menos dudoso que una privación de libertad potencialmente perpetua sea conciliable, en un ámbito estrictamente interno", con la reinserción contemplada en el artículo 25.2 de la Constitución.

El informe, que no es vinculante para el Gobierno, pone pegas a otra de las medidas de seguridad que introduce el nuevo Código Penal como es la custodia de seguridad al advertir de su "cuestionable inconstitucionalidad, como así lo han declarado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional alemán, país de origen de esta medida".

Añade que es "especialmente significativa" la ausencia de controles claros para su ejecución y seguimiento así como el hecho de que se pueda cumplir en un centro penitenciario, "como si de una pena se tratase". La custodia de seguridad es una medida que, de aprobarse, se aplicaría en casos excepcionales cuando el condenado haya cumplido la pena de prisión y un tribunal valore que se mantiene la peligrosidad.

La custodia de seguridad tiene una duración máxima de diez años aunque podrá ponerse fin si desaparecen las circunstancias que la hacían necesaria.