El exsocio de Iñaki Urdangarín, Diego Torres, ha solicitado al juez que instruye el 'caso Nóos', José Castro, que rechace la pretensión de la Fiscalía de imponerle tanto a él como al Duque de Palma de una fianza de casi 8,2 millones de euros. Alega que, al no ser funcionario público, no puede ser tenido como sujeto activo de un delito de prevaricación, sino en todo caso partícipe, lo que le excluye del pago de una responsabilidad civil.

En su escrito frente a las pretensiones de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, el exsocio del Duque de Palma afirma que "no es verdad" que el Instituto Nóos cometiera "acto ilícito de suerte alguna" y que, bien al contrario, su actuación "se llevó a cabo (...) con más que notable éxito, con una extraordinaria repercusión en todos los sentidos, económico, social, etc".

En el caso de que los hechos que se le reputan fueran ciertos, afirma Torres que "nunca podría ser autor, sino todo lo más partícipe" y a su juicio "resulta palmario que no se puede pretender una responsabilidad civil de quien posee el carácter de subsidiario frente al de autor".

En un escrito de 19 páginas, la defensa de Torres insiste en que su cliente no era autoridad ni funcionario público en el momento de ocurrir los hechos investigados por el juez Castro "ni era, ni podía, ni puede ser sujeto activo, lo que le excluye de la oportunidad de ser o poder ser autor de un delito de prevaricación o de cualquier otro delito que exija la condición de autoridad o funcionario público".

Añade su defensa que Torres estuvo siempre "supervisado, validado, autorizado, auspiciado, incentivado, conformado y soportado por un ejército de asesores de todo tipo, habidos y por haber, de manera que ni por asomo podía, ni podía tener, la más leve sospecha de existencia de irregularidad de suerte alguna".

Entre otros aspectos, el exsocio de Urdangarín recela de la acusación popular ejercida por el Sindicato de Funcionarios Manos Limpias, que a juicio de su defensa "carece de

legitimación para reclamar derechos indemnizatorios de esa clase".

Cuestiona el supuesto enriquecimiento ilícito

En otros puntos de su recurso, Torres cuestiona las cantidades fijadas por la Fiscalía, cuyo cálculo obedecería a la cantidad que se considera que tanto el Duque de Palma como su exsocio podrían haber obtenido ilícitamente, tanto de Baleares, como de la Comunitat Valenciana.

Así, plantea que no debería tenerse en cuenta, a la hora de valorar un posible enriquecimiento injusto, la cantidad de 1,2 millones de euros relativa al convenio firmado en julio de 2005 con la Comunidad Balear para la celebración de un foro sobre deporte en Palma de Mallorca, pues en ella se incluye el IVA, "lo que evidencia que no se puede pretender una fianza sobre la base de ese todo, dado que el IVA devengado fue satisfecho a la Hacienda Pública".

Lo mismo plantea respecto del segundo convenio para la celebración de un foro similar en septiembre de 2006, así como en relación con los costes de los empleados y profesionales que intervinieron en estos actos, que "se ingresaron en la Hacienda Pública", de manera que "en una hipotética pretensión crematística" entiende que no deben tenerse en cuenta a la hora de determinar el monto de la fianza.

Insignes intervinientes

Añade que Torres no conocía a las personas con las que se firmaron los convenios de colaboración que la Fiscalía tilda de delictivos y que "a pesar de que consta su intervención directa y determinante en los hechos", no se pudo imaginar que "con tan insignes intervinientes y participantes" pudiera existir algún atisbo de ilicitud, en alusión a los exconsejeros de Deportes y Turismo Maria Rosa Puig Oliver y de Turismo Joan Flaquer.

"Todos los que han percibido emolumentos de una práctica que se pretende ilícita y que no lo es -según la defensa de Torres-, debieran ser invitados a constituir fianza por las sumas que producto de un quehacer que se dice ilícito, les han tenido por destinatarios". Añade que, por ejemplo, la contabilidad de la Fundación Illesport está controlada por el Govern Balear "que hace acusación en esta cuita, ahí es nada".

Además, la defensa de Torres señala que la pretensión de imposición de la fianza no cumple con el principio de proporcionalidad y equidad que fija la jurisprudencia del Tribunal Supremo,.

Los investigadores apuntan que Urdangarin y Torres encabezaron una trama a través de la cual se habrían apoderado de 5,8 millones de los fondos públicos que percibió Nóos. En concreto, falsedad documental, prevaricación, fraude a la administración y malversación de caudales públicos son los delitos que se indagan en este fleco del caso Palma Arena.

Las acusaciones consideran a ambos encausados responsables de urdir un entramado societario cuando los dos estaban al frente de Nóos con el fin de hacerse con los fondos públicos y privados que recibía la entidad.

Todo ello a través de mercantiles de las que eran propietarios y administradores: Nóos Consultoría Estratégica, Aizoon S.L. de la que la Infanta es copropietaria al 50 por ciento, Virtual Strategies S.L., Shiriaimasu, Intuit Strategy Innovat y De Goes Center For Stakeholder Management, empresas que centran el foco de atención de las investigaciones junto al propio Instituto Nóos, que entre 2004 y 2007 recibió del Govern balear y la Comunidad Valenciana un total de 5,8 millones mientras que de entidades privadas percibió hasta 4,4 millones de euros.