El sindicato UGT de Sevilla ha alertado este martes de las dificultades de acceso para los colectivos con menos recursos en la provincia en servicios como la sanidad o la educación, tras sufrir incrementos del Índice de Precios de Consumo (IPC) en términos anuales del 27,9 por ciento en el caso de los medicamentos o del nueve por ciento en el caso de la educación.

En una nota, alerta de que los medicamentos en la provincia son un 27,9 por ciento más caros que hace un año. "El hecho de que artículos como los medicamentos hayan elevado sus precios, en tasa anual, casi diez veces más de lo que lo ha hecho de media el IPC va a dificultar su acceso a los colectivos con menos recursos, entre los que se encuentra los pensionistas, a los que la decisión del Gobierno de Rajoy de no revalorizar las pensiones les va a afectar sobremanera en su capacidad de compra", sentencia.

También, apunta que los precios de la electricidad, el gas y otros combustibles han crecido un 11,3 por ciento respecto a diciembre de 2011, "mermando en mayor medida la renta disponible de los hogares con menos capacidad de gasto".

Además, subraya que en la enseñanza en la provincia, "fundamentalmente en las Universidades", ha aumentado de media un nueve por ciento, criticando que "las políticas antisociales del Gobierno han tensionado al alza el IPC del año 2012, siendo especialmente grave los efectos ocasionados en la evolución anual de algunos precios".

"Subidas de impuestos, incremento del precio de suministros, repago de medicamentos o subida de tasas en la enseñanza, entre otros, conforman una forma de hacer política que afecta a los colectivos que más están sufriendo los efectos devastadores de la crisis, reduciendo el poder adquisitivo de familias cuya renta disponible ya se ha visto recortada por la reducción de salarios, la no revalorización de sus pensiones, la disminución de prestaciones por desempleo, los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) temporales o los despidos", concluye.

En este sentido, insta a que se incluyan cláusulas de garantía salarial en los convenios colectivos como medida compensatoria de la "merma de capacidad de gasto" de los trabajadores. Por último, recuerda que en la provincia de Sevilla "sólo 67 de cada 100 trabajadores afectos a la negociación colectiva tienen recogidos en sus convenios cláusulas de garantía salarial".