La Junta de Andalucía ha culminado los pagos atrasados a los cerca de 300 prejubilados por expedientes de regulación de empleo (ERE) afectados por la quiebra de la aseguradora belga Apra Leven, a los que ha abonado en dos transferencias las nóminas de noviembre y diciembre y otros pagos atrasados, de forma que les ha pagado a este colectivo unos siete millones de euros.

Fuentes sindicales han indicado a Europa Press que a esos siete millones de euros para el colectivo de Apra Leven se suman algo más de dos millones de euros pertenecientes a los últimos cobros de varios colectivos de Santana, de forma que, según las fuentes sindicales, la Junta "lleva abonados en torno a diez millones de euros en ayudas directas a diversos colectivos" de prejubilados.

Sobre Apra Leven, las fuentes resaltan que se hayan culminado todos los pagos, en dos transferencias, por un lado las nóminas de noviembre y diciembre, y por otro lado los pagos de cantidades atrasadas.

Asimismo, han precisado que sobre las cantidades atrasadas y adeudadas a trabajadores de Delphi y Astilleros "se están solventando algunos flecos", de forma que "sólo faltarían por terminar de resolver las novaciones que están con Generali, que hay que adaptarlas a las últimas modificaciones introducidas en los presupuestos de la Junta", han agregado las fuentes. Estas fuentes consideran que "todo quedará resuelto a final de esta semana o inicios de la próxima semana".

"Con el pago a los trabajadores de Apra Leven nos quitamos un peso de encima, pues han sido dos años duros, viendo como la gente pasaba necesidades, era un colectivo muy vulnerable", han agregado las fuentes sindicales, quienes resaltan que "con voluntad y con ánimo esté todo resuelto en breves fechas".

Valoración de mca ugt

Por su parte, la federación de Metal, Construcción y Afines (MCA) de UGT-A ha mostrado su satisfacción por el abono que la Junta de Andalucía ha hecho de la cantidad adeudada a los prejubilados de la extinguida Santana y el colectivo de Apra Leven —casi 24 mensualidades—, al amparo del decreto-ley mediante el que el Gobierno regional asumía el pago directo de las pólizas a extrabajadores de empresas en crisis o desaparecidas.

El secretario general de

Mca ugt-A, Manuel Jiménez, ha manifestado su alegría por el hecho de que "miles de familias andaluzas, que estaban en situación de extremísima necesidad e con órdenes de desahucio y viviendo de la caridad, han visto por fin del final de sus problemas".

Ha explicado que la Administración andaluza ha pagado de una vez todo el dinero adeudado, tanto mensualidades atrasadas hasta el corriente mes de enero.

No obstante ha denunciado la "lentitud" en la gestión burocrática y administrativa de la Junta para hacer efectivo un pago que, tal y como anunciaron, iba a ser efectivo un mes después de que se publicara en el BOJA el decreto-ley 4/2012 "lo que ha alargado aún si cabe más la afonía de estas personas". A partir del próximo mes se harán efectivo el pago de atrasos.

Por otro lado, ha recordado a la Junta de Andalucía que todo el trabajo no se acaba aquí, ya quedan cuestiones que corregir en algunas pólizas o hacer frente al pago de indemnización para los colectivos B y C de Santana y Astilleros. En este sentido ha pedido que "se dé prioridad a los indemnizables y se regularice su situación para no dejarlos tirados a la cuneta, porque estamos seguros de que si nos tenemos que encerrar otra vez, lo haremos".

Por último, la federación del metal ha informado a todos los afectados de que pone a disposición sus servicios jurídicos para cualquier aclaración, corrección o error que detecten en su situación personal.

El decreto ley

Estos prejubilados se contemplan en el decreto ley 4/2012, un proceso mediante el que la Junta asume el pago directo de las ayudas sociolaborales a esos extrabajadores.

Este decreto ley supone que la administración autonómica asume directamente, y sin la intermediación de empresas aseguradoras, el pago de todas las ayudas sociolaborales que han sufrido demoras en su percepción, lo que afecta a 1.383 exempleados de las empresas Grupo Santana, Astilleros de Sevilla, Delphi Automotive System España y Boliden Apirsa, así como a los afectados por la liquidación de la compañía aseguradora Apra Leven, que se encargaba de gestionar las prestaciones en 18 empresas de la comunidad.

El pago directo por parte de la administración autonómica supondrá un gasto de 224,9 millones de euros (en torno a unos 14,9 millones anuales), con un ahorro de 7,5 millones de euros derivado de eliminar comisiones de intermediación de las aseguradoras.