La Fiscalía que interviene en el caso Kabul, cuyo juicio ha arrancado este lunes con 55 acusados en el banquillo por presuntamente introducir en Mallorca e Ibiza ingentes cantidades de cocaína, heroína y cannabis para su distribución a diferentes organizaciones, se ha opuesto a la nulidad del auto inicial solicitada por las defensas al asegurar que no existe falta de control judicial y que las intervenciones telefónicas eran necesarias dada la complejidad y envergadura de la operación.

Durante la primera sesión de la vista oral, el Ministerio Público, representado por los fiscales Adrián Salazar y Julio Cano, ha asegurado que la naturaleza del delito es "muy relevante" para marcar la estrategia policial, ya que se trata de "una operación de gran envergadura" que requería de la intervención telefónica como prueba.

"La proporcionalidad va ligada a la gravedad del delito y a la dificultad de investigarlo", ha manifestado el fiscal, que ha explicado que la intervención telefónica se produjo tras una noticia confidencial, que incluía una información que se confirmó y permitió incautar, el 26 de mayo de 2008, un cargamento de dos kilos de cocaína en el Puerto del muelle de Palma, proveniente de Barcelona.

Además, ha proseguido la Fiscalía, al solicitar la intervención telefónica se aportaron sentencias de los acusados en las que se ponía de manifiesto que habían sido condenados previamente por delitos similares, "lo que no fundamenta el auto de injerencia, pero se tiene en cuenta", y del mismo modo, alguno de ellos no tenía oficio conocido, pero sí varios coches a su nombre, entre otros indicios.

La Fiscalía ha apuntado que no comparte "el panorama catastrofista filtrado por la defensa", puesto que no se pueden valorar datos aislados y ha contradicho la afirmación del letrado de Simón Montero, Josep Zaforteza, quien ha apuntado que en el auto inicial se genera un clima por el que "toda la gente de Son Banya es mala y a modo de ventilador, se saltan sus derechos fundamentales".

En opinión de la Fiscalía, ni los agentes de policía, ni la autoridad judicial es ajena a la realidad social que les rodea y "es conocido que en Son Banya se vendía droga" y además, sabían que algunos de los acusados proseguían con la misma actividad delictiva, por lo que considera que "el auto es razonable, no tiene una motivación arbitraria y no existe vulneración del secreto de las comunicaciones".

En relación a la critica de las defensas por la intervención de teléfonos de los que se desconocía la titularidad, el fiscal ha señalado que cuando se desprende una actitud sospechosa de una primera intervención, se solicita también el control de esa segunda línea, "sin prejuicio de conocer con posterioridad la identidad" y ha añadido que, por ejemplo, se excluyeron los teléfonos de meros compradores de estupefacientes.

La Fiscalía considera que las intervenciones telefónicas no solo están "perfectamente justificadas", sino que el contenido material "es muy comprometedor", por lo que "lo imposible hubiera sido no llevarlas a cabo".

Respecto a la intervención de viviendas y anexos en el poblado de Son Banya, el fiscal ha enunciado que el oficio policial en el que se basa el auto señaló que las viviendas, en las que había trasiego de gente, se utilizaban para vender estupefacientes y ha destacado la dificultad de intervenir estas casas, "la mayoría ilegales", que se desconoce si están comunicadas por dentro y qué acogen en su interior.

El fiscal ha valorado que, a pesar de la dificultad que tiene la policía para acceder al poblado, los agentes aportaron fotografías por cada solicitud de intervención de vivienda, por lo que en su opinión "existe un control judicial al límite".

Respecto al argumento de Zaforteza, quien ha ironizado con que requeriría "un acto de fe" considerar que hubo un "chivatazo", respecto al cargamento de cocaína que llegó al puerto, en lugar de pensar que fue la policía de Barcelona la que avisó a la de Palma "para repartirse el pastel", la Fiscalía ha sentenciado que se trata de una conjetura.

En ese sentido, el fiscal ha añadido que no existe ningún interés, por parte del Ministerio Público, de "quedarse el pastel", ya que le resultaría "mucho más fácil" contar con información policial y no le reporta ningún beneficio incautar la droga en Palma, en lugar de hacerlo en Barcelona, "que es lo mismo", por lo que ha dicho que esta alegación "no es lógica".

La sesión se reanudará el próximo 5 de febrero, si no hay cambios, con el interrogatorio de los inculpados.