La empresa pública de Gestión de Aguas del Levante Almeriense S.A. (Galasa), presidida por la Diputación de Almería y que gestiona el servicio de suministro y tratamiento de agua al Levante almeriense, ha comunicado a los sindicatos su intención de modificar sustancialmente las condiciones de trabajo de sus empleados, con lo que ha trasladado una reducción del 25 por ciento de los salarios.

Así lo ha indicado en una nota el sindicato CCOO, que explica que el pasado día 9 de enero quedó constituida la mesa de negociación del expediente de modificación sustancial de condiciones de trabajo que afectaría a la totalidad de la plantilla. La iniciativa persigue reducir en 600.000 euros una masa salarial de 3.195.511 euros aproximadamente, un aspecto que "choca con la concreción, en el presupuesto para el ejercicio 2013, de más de 1.600.000 euros en subcontrataciones".

"Con números rojos en la gestión de la empresa, Diputación ha contratado, a pesar de las críticas sindicales, una asesora que casualmente es concejal en el Ayuntamiento de Turre, paradójicamente la entidad que encabeza la lista de morosos de Galasa, con más de 691.391,55 euros pendientes de abono", señalan desde el sindicato.

CCOO afirma que la "nefasta" gestión de la sociedad, que comenzó a operar en 1993, ha dado lugar a 3,1 millones de euros en pérdidas en el año 2011, de forma que identifica como principal causa de "déficit" los salarios de los consejeros y asesores, si bien éstos "no parecen ser evaluados por la Diputación Provincial como susceptibles de corregir y, sin embargo, sin reparo alguno, se identifica a los trabajadores de la empresa como los paganos de la situación".

Con esto, los días 17, 21 y 24 se desarrollarán las preceptivas reuniones de negociación entre los agentes sociales —donde CCOO tiene la mayoría— y los responsables empresariales. La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO ha anunciado ya una convocatoria de movilizaciones, entre las que contempla concentraciones ante la sedes de Diputación Provincial, Subdelegación del Gobierno y Delegación de la Junta de Andalucía, así como la convocatoria de jornadas de huelga para frenar "esta injusta iniciativa empresarial".