La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA-UCE Extremadura) y Cooperativas Agroalimentarias de Extremadura han trasladado al presidente del Gobierno extremeño, José Antonio Monago, su "rechazo" a las inspecciones a agricultores y cooperativas al realizar el transporte de sus producciones desde las explotaciones a las cooperativas o secaderos.

Unas inspecciones que han "generado una gran alarma", según ha señalado el secretario general de UPA-UCe Extremadura, Ignacio Huertas, tras la reunión que ha mantenido, acompañado de la directora general de Cooperativas Agroalimentarias de Extremadura, Carmen Moreno, con el presidente extremeño.

En su intervención, Huertas ha querido dejar claro que estos agricultores no se dedican "profesionalmente" al transporte de mercancías, sino que se trata de una "práctica tradicional" de colaboración entre ellos.

Así, y según informa UPA-UCE en nota de prensa, tras varias reuniones con responsables del Gobierno regional y de la Delegación del Gobierno en Extremadura, y en la revisión que se está haciendo en estos momentos de la Ley General de Transportes, sería conveniente introducir "un matiz que contemplara esta situación".

Huertas ha recordado que en muchas ocasiones, los camiones de transporte "no están preparados" para acceder a las explotaciones agrarias de los agricultores y que además se trata de un transporte de "corto recorrido", que no supera los 30 o 40 kilómetros de distancia en la mayoría de casos.

Ante esta situación, señala UPA-UCE que se ha acordado que las partes implicadas en este asunto, tanto asociaciones de transporte, como organizaciones agrarias y Gobierno de Extremadura se reúnan para que se acabe con "la persecución a la que se ven sometidos los agricultores".

Problemas de financiación

Por otra parte, Ignacio Huertas ha aprovechado esta reunión para recordar al presidente del Gobierno de Extremadura que los agricultores y ganaderos extremeños se están convirtiendo en "banqueros a la fuerza", ya que desde que entregan sus producciones hasta que reciben el pago de las mismas pueden pasar hasta 18 meses.

Ante esta situación, ha solicitado a la Administración regional que "haga cumplir la Ley de Morosidad" y que se ponga en marcha una línea de financiación para el sector agrario avalada con las ayudas de la PAC, que permita a los agricultores y ganaderos sacar adelante las próximas campañas.

Por su parte, y según asegura UPA-UCE, el presidente del Gobierno de Extremadura se ha comprometido a estudiar la propuesta, por lo que en breve las organizaciones agrarias elaborarán un documento conjunto con la solicitud formal.

"Para nosotros es una política fundamental para el mantenimiento de renta", ha declarado el secretario general de UPA-UCE, que ha puesto de manifiesto la baja contratación en esta campaña, y ha señalado que en el caso del seguro de frutales, ha registrado unos índices de contratación "mínimos", a diferencia de campañas anteriores que han rozado el 90%".

Finalmente, Ignacio Huertas ha solicitado que la Administración regional "busque alguna fórmula" para continuar con este apoyo.