Las organizaciones sindicales CCOO y UGT Extremadura han anunciado que remitirán una carta al presidente de la comunidad, José Antonio Monago, mediante la cual, entre otras cuestiones, reclamarán que la redacción de la Ley de Renta Básica "se negocie a través del Diálogo Social", porque la aprobación de su puesta en marcha "es un compromiso al que llegaron todos los partidos políticos con los sindicatos".

Según han recordado, "el acuerdo para la elaboración de esta importante ley se recogió en el Pacto Social y Político" durante el anterior gobierno socialista y "contó con la aprobación en la Asamblea de todos los grupos políticos".

Del mismo modo, han explicado que "también se incluyó en el Plan 3E, ya con el actual Gobierno autonómico del PP, un compromiso expreso de alcanzar un nuevo acuerdo de política social" que, según han dicho, "debería haber entrado en vigor el pasado año y sobre el que ni siquiera se ha iniciado la negociación".

En nota de prensa, ambos sindicatos han resaltado que "estos compromisos fueron determinados con la patronal y los sindicatos en el marco del Diálogo Social" y, por tanto, su concreción debe contar también con su participación.

"En esta negociación con los agentes económicos y sociales se han de tratar los criterios básicos sobre los que se sustentará la Ley de Renta Básica, una normativa reclamada por los sindicatos desde hace años y más necesaria que nunca ante la complicadísima situación económica que sufren muchas familias extremeñas", señalan.

Ante esta situación, UGT y CCOO han indicado que trasladarán estas cuestiones en una carta al presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monago, donde reclamarán "que se abra un proceso de negociación, antes del debate en la Asamblea, tal y como se prevé en el Pacto Social y Político".

Para estos sindicatos, la Ley de Renta Básica "no puede ser una iniciativa aislada, desvinculada de las políticas sociales y de empleo" y, por ello consideran "esencial" contar con la participación de los agentes sociales y económicos.

Por último, han destacado que "no sería de recibo que se vendiera en positivo una Ley de Renta Básica que se hiciera a expensas de recortes en otras políticas sociales", tales como la atención a la dependencia, las prestaciones sanitarias o los servicios sociales.