Los pleitos judiciales pueden acabar de forma imprevista, pero lo que normalmente no espera quien se ve obligado a litigar en un juzgado es tener que denunciar a su propio abogado por mala práctica profesional. En estos casos actúa la Comisión de Deontología del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV). Durante el año pasado, hasta el 30 de noviembre, había sancionado a 39 letrados, según han confirmado desde este departamento.

Las quejas parten principalmente de los ciudadanos en su calidad de clientes, pero también de los juzgados, de otros abogados o de las administraciones públicas. Las más comunes obedecen a la falta de diligencia e información del letrado, a quien a veces el propio interesado no puede localizar. Otro motivo frecuente de sanción es que el profesional no devuelva al cliente su documentación en caso de que decida cambiar de letrado, lo que dificulta su defensa. Un tercer motivo se refiere a apropiaciones de provisiones de fondos (quedarse dinero).

Las quejas entre letrados tienen más que ver con el código deontológico de la profesión. Fuentes del Colegio explican que en este apartado se dan casos de revelación indebida del secreto profesional o de falta de información entre abogados. La comisión que aborda estos asuntos se ocupa, de este modo, tanto de descuidos como de mala praxis profesional que pueden quebrar la confianza de los ciudadanos hacia los abogados, pero también entre ellos.

El ICAV tenía abiertos a fecha de 30 de noviembre de 2012 un total de 537 expedientes por todos estos motivos. Del mismo modo, dio salida en forma de resoluciones a 507 asuntos iniciados bien ese año, o bien acumulados de otros ejercicios.

Las reclamaciones de los ciudadanos ante lo que consideran un mal ejercicio profesional de su abogado también tienen que ver con el resultado del pleito, aunque, en este caso, son más difíciles de demostrar. Lo más común es que estimen que su letrado no ha presentado las pruebas suficientes para su defensa. En otros casos, algún abogado ha aportado como prueba parte de la correspondencia entre letrados, sujeta a secreto profesional, lo que también es motivo de sanción.