La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Ceuta ha instado al Ejecutivo local que preside Juan Vivas (PP) a "corregir ciertas situaciones" que ha apreciado en la gestión de los programas de colaboración social "para evitar un fraude en la contratación o un incumplimiento en fraude de Ley de la normativa de acceso a la función pública".

Estos programas, que dan trabajo a 153 personas al servicio de la Administración local, son "una posibilidad legal que tiene sus beneficios tanto a la función pública como al desempleado que no pierde contacto con el mundo laboral", pero según la Inspección "hay que evitar concatenaciones de contratos laborales-trabajos de colaboración social en el mismo puesto funcional estructural de trabajo".

"Hay que evitar", exige la Inspección en un informe "de requerimiento y recomendación" de 19 páginas a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso Europa Press, "coberturas excesivas en el tiempo del mismo puesto de trabajo estructural por la misma persona que convierten a ésta en un cuasi funcionario que no es ni funcionario ni personal laboral, ya que pueden existir situaciones de fraude a la contratación laboral temporal".

"Más grave" todavía considera el órgano de control laboral que los programas de colaboración social estén dando pie a "concatenaciones de contratos laborales temporales" en el mismo puesto de trabajo que después, cuando estos finalizan, dan pie a que la misma persona ocupe el mismo puesto en colaboración social. "Aceptar esta práctica es reconocer que dichos contratos no son en sí temporales, sino estructurales, y por tanto debería cubrirse con personal fijo o funcionarial", alerta.

La Inspección elude entrar en consideraciones de carácter sancionador en su informe "para dar un periodo de reflexión a las Administraciones competentes (la Dirección Provincial del Servicio de Empleo Público Estatal y la Ciudad Autónoma) para articular un sistema más adecuado".

A juicio de la Inspección, la situación de crisis y las restricciones introducidas a la incorporación de personal al sector público "no pueden justificar usar cualquier recurso de cualquier forma, ya que hay unas normas laborales y administrativas que limitan el uso de personal". Por todo ello, el órgano del Ministerio de Empleo da "seis meses" al Ejecutivo autonómico para informar "obligatoriamente" de las medidas que haya adoptado al respecto.

En declaraciones a los medios, el presidente del Gobierno ceutí, Juan Vivas, se ha tomado el dictamen como una "sugerencia" y como una "aportación constructiva".