El grupo de expertos constituido por el PSOE-A defiende en su propuesta para la reforma federal del Estado autonómico que "podría ser beneficioso situar fuera de la capital del Estado" las sedes de instituciones como el Tribunal Constitucional (TC) o el Defensor del Pueblo.

Dicho documento, presentado públicamente el pasado jueves en Carmona (Sevilla) y que servirá de base para la propuesta definitiva que formule el PSOE-A, sugiere que "el Estado federal podría llevar a cabo la descentralización territorial de algunos órganos federales de control y supervisión, de naturaleza jurisdiccional o administrativa, dotados de independencia".

Como primeros ejemplos, la propuesta elaborada por el grupo de expertos sostiene que "situar el TC o el Defensor del Pueblo fuera de la capital del Estado podría ser beneficioso, dado que alejaría dichos órganos de la influencia de los centros de poder político de la federación y favorecería la independencia en la toma de decisiones, además de ser un elemento simbólico de integración desde la pluralidad".

Junto a ello, los expertos convocados por el PSOE-A consideran que "sería plenamente factible situar fuera de la capital la sede de órganos de control y supervisión de carácter independiente, como la Agencia Española de Protección de Datos o la futura Comisión Nacional del Mercado y la Competencia".

Compatible con la eficacia de funcionamiento

En su opinión, la ubicación de las sedes de estos organismos "no tiene por qué venir mencionada en la Constitución, aunque sí podría establecer un principio general tendente a promover la desconcentración territorial de los órganos políticos y administrativos de la federación, en la medida en que resulte compatible con la eficacia de su funcionamiento".

La propuesta, titulada 'Por una reforma federal del estado autonómico', ha sido elaborada por encargo del secretario general del PSOE-A y presidente de la Junta, José Antonio Griñán, por un grupo de expertos coordinado por el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada Gregorio Cámara en el que han participado, entre otros, el expresidente de la Junta Manuel Chaves, la exministra Carmen Clavo y el catedrático Javier Pérez Royo, uno de los 'padres' del primer Estatuto andaluz.