La organización Human Rights Watch (HRW) urgió a Venezuela a detener la "censura e intimidación" a los medios de comunicación en su cobertura de la salud del presidente Hugo Chávez, y de la situación política del país.

"Venezuela debería terminar con la censura e intimidación de los medios que cuestionan la línea oficial en lo relacionado con la salud del presidente Hugo Chávez y de su investidura", indicó el organismo en un comunicado. Chávez, reelegido en los comicios del pasado octubre, se encuentra convaleciente en Cuba desde hace un mes y no estuvo presente en Caracas el pasado jueves, fecha prevista para su investidura para un nuevo mandato, lo que generó un agitado debate político en el país.

"En los últimos años, el Gobierno de Chávez ha construido un régimen legal que le permite censurar y castigar a sus críticos, en una clara violación de las normas internacionales", señaló el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco."Ahora está usando estas leyes para limitar el debate público en asuntos de importancia nacional", agregó.

HRW se refirió al expediente administrativo abierto esta semana contra el canal privado Globovisión por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (Conatel). Conatel dictó una medida cautelar prohibiendo la emisión de cuatro "micros" o mensajes televisivos en los que aparecen fragmentos de anteriores tomas de posesión del presidente y las declaraciones que hizo antes de partir a Cuba, comparándolas con el texto de la Constitución.

"Globovisión, el único canal de televisión con cobertura nacional que hace una cobertura consistemente crítica con las políticas de Chávez, se enfrenta a otras seis investigaciones administrativas y ya ha recibido una sanción, bajo el artículo 27 (de la Constitución), que implicaba una elevada multa", señaló HRW.

"Un segundo veredicto en contra de la cadena podría resultar en otra multa, la suspensión de su transmisión, o la revocación de su licencia", prosiguió. La organización subrayó que esos procedimientos se basan en el artículo 27 de la Constitución, que prohíbe a las radios y televisiones que emitan cualquier material que "vaya en contra de las autoridades legítimas", y que se aprobó en 2004 gracias a "la Asamblea Nacional pro-Chávez".

"No hay nada en el contenido de las emisiones de Globovisión que pueda ser remotamente descrito como una incitación o una amenaza al orden público", sentenció Vivanco.