El Consejo de Gobierno de Canarias ha acordado en su reunión de este jueves solicitar el dictamen del Consejo Consultivo sobre el proyecto de Decreto por el que se regula el régimen de bonificaciones al transporte marítimo regular interinsular e intrainsular de residentes en Canarias.

El objeto de la norma es adaptar la normativa canaria al nuevo régimen de concesión de subvenciones introducido por el Gobierno estatal, una vez aprobados los Presupuestos Generales del Estado para 2013.

En ellos, se otorga al Ministerio de Fomento la potestad de fijar una tarifa máxima subvencionable que será establecida a lo largo del presente ejercicio y, puesto que la subvención por residencia en el transporte marítimo interinsular e intrainsular que concede la Comunidad Autonómica es complementaria a la estatal —el Estado paga el 25 por ciento y Canarias complementa la subvención con otro 25 por ciento—, el Gobierno de Canarias ha acordado solicitar el dictamen urgente del Consejo Consultivo, con el fin de armonizar cuanto antes la norma canaria con la del Estado.

Así, el nuevo Decreto fija que la parte de la tarifa que supere las cuantías máximas establecidas por orden departamental no será objeto de bonificación y que, cuando el precio no alcance dicha tarifa, la subvención de Canarias será del 25 por ciento de la misma, a excepción de las rutas entre Santa Cruz de Tenerife/Los Cristianos-La Estaca-Los Cristianos/Santa Cruz de Tenerife, Caleta de Sebo-Órzola-Caleta de Sebo y San Sebastián de La Gomera-Playa Santiago-Valle Gran Rey-Playa Santiago-San Sebastián de La Gomera.

ACCESIBILIDAD

En las tres rutas citadas, por las especiales condiciones de lejanía, accesibilidad y necesidad de la conexión para el desarrollo socio-económico, el proyecto de Decreto recoge que la subvención del Gobierno de Canarias será del 50 por ciento, con lo que la ayuda total para residentes en estos trayectos queda establecida en el 75 por ciento.

De esta manera, la normativa canaria se adapta a los mencionados cambios en el sistema de ayuda estatal, que está a expensas de que se fije la tarifa máxima subvencionable que en estos momentos negocian los gobiernos de Canarias y Baleares de forma conjunta ante la Dirección General de la Marina Mercante.