La Fiscalía de Málaga ha sostenido que los acusados de secuestrar al empresario de la localidad malagueña de Marbella Fernando Moreno en enero de 2009 "conocían la situación desvalida" en la que estaba la víctima tras ser secuestrada y "sabían la situación mortal" de abandono en la que dejaron al hombre, cuyo cuerpo fue hallado en una caseta, amordazado y atado de pies, manos y cuello un día después.

La Sección Novena de la Audiencia de Málaga ha dejado este jueves visto para sentencia el juicio celebrado contra seis procesados. El fiscal acusa a cinco por los delitos de secuestro y asesinato, solicitando 30 años de prisión; mientras que las dos acusaciones en representación de los familiares del fallecido responsabilizan a los seis hombres de estos hechos.

El representante del ministerio público ha asegurado en su exposición del informe final que la intención de matar "existía" en los acusados desde que amenazaron a la familia con la muerte de la víctima, algo que ha considerado "imposible que fuera un farol". Así, ha hablado de una "acción conjunta" supuestamente realizada por los procesados para llevar a cabo estos hechos.

Ha descrito el papel que, según su criterio, asumió cada acusado en el secuestro, lo que ha basado en las declaraciones de algunos de los propios procesados que han reconocido, en parte, su participación, aunque limitada, en el secuestro, nunca en el asesinato. También ha argumentado la acusación en las investigaciones policiales sobre los teléfonos y en los informes forenses.

Así, para la acusación pública todos son coautores del delito de secuestro y no tendrían la consideración de cómplices. Sobre el asesinato, se ha remitido a lo declarado por los forenses sobre la manera en la que se maniató a la víctima, de 76 años, que pudo ser "una forma de tortura", pasando casi seis horas hasta que llamaron para decir donde estaba y unas 24 horas hasta que se halló el cuerpo.

Ha incidido en que utilizaron "un sofisticado mecanismo de inmovilización destinado a que si no se pagaba un rescate en un tiempo determinado, la víctima debía morir", recordando que aparte de tener los pies, manos y cuello atados por la misma cuerda, estaba amordazado con cinta que le tapaba toda la boca y tenía contusiones en la nariz que dificultaban la respiración.

Las acusaciones particulares han aludido a las "ansias de dinero" como motivación para llevar a cabo el secuestro y a un "plan conjunto", en el que "nadie del grupo queda en un segundo plano", existiendo un reparto de funciones y la intención de hacer una división equitativa del dinero que pretendían obtener. Asimismo, han incidido en la absoluta indefensión de la víctima.

Por su parte, cuatro defensas han admitido la intervención de sus clientes en el secuestro, aunque en algunos casos como meros cómplices. Ninguno ha aceptado la acusación por asesinato, incidiendo los letrados en que no tenían intención de matar. Al respecto, sólo dos han indicado que, en todo caso, podría tratarse de un homicidio imprudente.

Los procesados han ejercido el derecho a la última palabra. Cinco de los seis hombres que han sido juzgados por esta causa están en la cárcel desde que fueron detenidos, días después de suceder los hechos, el 21 de enero de 2009, por lo que el máximo legal establecido de prisión provisional, que es de cuatro años, se cumple a finales de este mes.