El coordinador del Gabinete Parlamentario de los socialistas malagueños, Enrique Benítez, ha recomendado este martes a los parlamentarios del Partido Popular (PP) que dirijan al Gobierno de Mariano Rajoy su reclamación sobre la Ley de Dependencia, "que en esta materia ha recortado a Andalucía 89 millones de euros en 2012 y otros 125 para este 2013".

Los parlamentarios andaluces del PP de Málaga han anunciado este martes que llevarán al Parlamento autonómico una Proposición No de Ley (PNL) en la que se exige el mantenimiento de los puestos de trabajo de aquellas personas encargadas de tramitar los expedientes de la Ley de Dependencia, "en peligro tras el recorte de más de 10 millones de euros que el Gobierno andaluz ha anunciado recientemente".

Al respecto, Benítez ha señalado a través de un comunicado que la parlamentaria andaluza por el PP de Málaga Esperanza Oña "debería pedirle explicaciones a su compañero de partido y amigo Juan Manuel Moreno Bonilla, secretario de Estado de Servicios Sociales y número dos de la ministra de Sanidad, Ana Mato".

"Desde que en su primer Consejo de Ministros aprobara retrasar dos años la incorporación al sistema de los dependientes moderados —7.000 en la provincia de Málaga—, todas y cada una de las decisiones que ha tomado el Gobierno del PP con respecto a la Ley de Dependencia nada más que han hecho poner en riesgo su continuidad", ha explicado Benítez.

De igual modo, ha defendido que la Junta de Andalucía ha destinado 10,3 millones de euros entre las ocho diputaciones provinciales y los 81 municipios andaluces de más de 20.000 habitantes para financiar, durante 2013, el mantenimiento de los contratos de 298 trabajadores sociales que forman parte del personal de refuerzo para la atención a la dependencia en la comunidad autónoma.

En este punto, ha señalado que "esta aportación aprobada se realiza pese a los recortes llevados a cabo por la Administración central, unos recortes especialmente duros en Andalucía".

También Benítez ha incidido en que en las administraciones gobernadas por los socialistas como la Diputación de Huelva, la institución ha asumido la contratación del personal administrativo que complementa a los trabajadores sociales; "sin embargo, en la Diputación de Málaga, el PP ha rechazado volver a contratarlos como propuso el PSOE".

Ha añadido que en el Ayuntamiento de Sevilla, a pesar de que la Junta de Andalucía ya ha transferido los fondos, "aún no se han incorporado los trabajadores sociales". "Lo del PP con la Ley de Dependencia no es sólo una cuestión de falta de sensibilidad, como se demostrado en la Diputación de Málaga, sino de ausencia de un mínimo de seriedad y rigor. El presidente del PP en Andalucía, Juan Ignacio Zoido, aún no ha contratado en el Ayuntamiento de Sevilla los técnicos para el desarrollo de la Ley de Dependencia a pesar de que ya tiene el dinero. Oña debería preguntar a su jefe antes de hablar", ha concluido.