La Plataforma Ciudadana contra el Fracking en Torreperogil ha remitido una denuncia a los Juzgados de Úbeda (Jaén) solicitando que se investigue los posibles trabajos de fracturación hidráulica de las rocas llevados a cabo por una empresa a la que presuntamente la Junta de Andalucía le otorgó, mediante decreto 86/2012 de 10 de abril, permisos para investigaciones en hidrocarburos en la zona Ulises II y III, cuya latitud comprende la comarca de La Loma.

En declaraciones a Europa Press, el abogado de la plataforma, José Prieto, ha explicado que "los estruendos que la población de Torreperogil y Sabiote viene sintiendo desde el pasado mes de octubre pueden deberse a la mencionada práctica". Así, ha señalado que en el decreto la Junta daba un plazo de "seis meses para iniciar los trabajos de investigación en hidrocarburos para la obtención de gas no convencional".

Esto coincide, a su juicio, con las "pequeñas explosiones" que se producen y que tienen "desconcertados" a los vecinos después de tres meses "sometidos a los seísmos y a la tragedia". Con estos datos, sospechan que puedan estar haciéndose exploraciones en la zona para las que, según Prieto, además, "hay que colocar aditivos disolventes que contaminan los acuíferos" presentes en La Loma.

Al respecto, ha comentado que "se carece de informes oficiales que señalen que se están llevando a cabo estos trabajos o de que se han realizado previamente" con la consiguiente "tragedia ecológica", pues, al parecer, la técnica "no está aprobada en la Unión Europea y está prohibida en países como Francia". De hecho, ha recordado, "en Porcuna (Jaén) la Duquesa de Alba, con propiedades en la localidad, se opuso a que se aplicara".

Asimismo, y dadas las circunstancias, la plataforma considera que "se podría estar en la antesala de un grave delito ecológico, ya que los líquidos utilizados en el 'fracking' pasan a los acuíferos y contaminan de manera dramática". Para Prieto, se trata de "un hecho inaudito, pues no es normal que se hayan producido más de 1.100 movimientos sísmicos desde el mes de octubre". Por ello, la plataforma ha solicitado al juez, a través de 670 firmas de vecinos, que investigue si la empresa ha practicado dicha técnica.