El fiscal le atribuye un delito continuado de apropiación indebida y solicita que sea la empresa la que abone el pago de la deuda, como responsable directo y solidario. Además pide que el inculpado sea inhabilitado para ejercer de consejero delegado y administrador de sociedades durante el tiempo de la condena.

Según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se remontan al 1 de marzo de 2005, cuando un particular ingresó en la cuenta de la empresa un total de 105.287,5 euros como parte del precio del contrato de compraventa de una vivienda en Casares (Málaga) que había suscrito con el promotor.

El 7 de julio de 2006 otra mujer ingresó en otra de las cuentas de la mercantil 25.000 euros como reserva y parte del precio de la compraventa de una vivienda en Salobreña (Granada), tras lo acordado con el consejero delegado y administrador único de la sociedad.

Éste firmó los correspondientes documentos de compra, pero no cumplió con su obligación legal de garantizar dichas cantidades, que el acusado y la empresa incorporaron a su patrimonio, sin entregar ni los inmuebles ni devolver el dinero a los perjudicados.